Que la juventud no siga muriendo

En Colombia, ser joven no debería ser una preocupación. Sin embargo, en lo corrido del 2025, al menos 3360 jóvenes entre los 14 y 28 años han sido asesinados, muchos de ellos en las calles de Cali, epicentro de una violencia que se ensaña con la esperanza y el futuro de nuestro país. Estos números, revelados recientemente en un Consejo de Ministros, no son simples estadísticas: son la evidencia dolorosa de un país que le está fallando a su generación más valiosa.

La capital del Valle no puede normalizar el asesinato de sus jóvenes. Ni ver este fenómeno como un problema solo de quienes viven en el Oriente, donde ocurre buena parte de los casos.

Las estadísticas muestran que el 78 % de los homicidios de jóvenes del suroccidente colombiano se registran en el Valle del Cauca, con Cali a la cabeza. En su mayoría, estos crímenes se cometen por sicariato (61 %) y riñas (19 %), con armas de fuego como el principal instrumento. Las balas no solo apagan vidas; también sepultan sueños.

A esa realidad que hoy viven los jóvenes caleños hay que prestarle atención. Es cierto que se están haciendo intervenciones y se adelantan programas sociales, pero están siendo insuficientes e ineficaces, a la luz de los datos que arrojan los informes de las autoridades. En ello se debe concentrar la Secretaría de Seguridad de Cali, desde donde se ha manifestado que la población más joven es una prioridad.

Buena parte de esos muchachos que hoy son asesinados, provienen de barrios donde la falta de oportunidades y de presencia estatal los deja sin alternativas. Ahí está la razón por la cual, como lo ha denunciado la Personería de Cali, en comunas como la 13, 14, 15 y 21 es donde las estructuras criminales más reclutan jóvenes, incluidos menores de edad, y que las drogas, el microtráfico y las oficinas de cobro se han convertido para muchos, en una opción de vida.

Por ello es urgente que el Gobierno Nacional y las autoridades de Cali comprendan que esta no es solo una crisis de seguridad, sino un gran problema social.

No basta con militarizar comunas o aumentar patrullajes; la solución está en más educación, empleo, cultura y espacios de vida digna, así como en fortalecer programas como ‘En la buena’, que le arrebaten jóvenes a la violencia y al crimen organizado.

Se requiere de una política pública que priorice la prevención, que escuche a las comunidades, que fortalezca las familias y que devuelva a esa franja de la sociedad, que es a la vez su futuro, la posibilidad de soñar.

Parece imposible que un problema de tanta envergadura se limite a una estadística fugaz, en medio de un consejo de Ministros. Cada joven asesinado es una derrota no solo del Estado, sino para toda la sociedad.

Cali y el Valle no pueden seguir naturalizando esa violencia ni el Gobierno Nacional permitiendo que una generación entera sea asesinada.