¿Por qué el afán?

Luego de la aplastante demostración de poder que llevó a la aprobación de la reforma tributaria, el gobierno nacional se apresta a repetirla en el trámite acelerado de la reforma política. Esa será otra forma de mostrar que el Estado puede seguir de espaldas a los ciudadanos en la medida en que las mayorías de los integrantes del congreso se unan de nuevo para aprobar los propósitos de los gobernantes sin consideración a las necesidades y deseos de la ciudadanía que los eligió.

En apariencia y según los voceros del gobierno, la propuesta que presentaron en los primeros días del mes de agosto es casi una reproducción de la reforma aprobada en el 2020 y que fue declarada inconstitucional por vicios de forma. Sin embargo, quienes han revisado la iniciativa afirman que tiene cambios de fondo que afectarán el sistema y el derecho a elegir, por lo cual recomiendan que no se le dé un trámite acelerado para que el país tenga la oportunidad de conocerlo y discutirlo en profundidad.

Más preocupante aún es que ese proyecto se convierta en ley y sea aplicado en las elecciones del próximo octubre del 2023, la cual decidirá la conformación de los cuerpos de representación popular en departamentos y municipios, así como los gobernadores de 36 departamentos y los alcaldes de 1103 municipios y distritos especiales.

Frente a eso se presenta la contradicción entre el ministro del Interior quien afirma que, además de necesario, sí se puede aplicar, y la de quienes aseveran que sólo podrá aplicarse a partir de los comicios que se celebrarán en el 2029.

Sin embargo, la gran inquietud está en encontrar la razón por la cual el proyecto durmió en los anaqueles del congreso durante tres meses sin progreso alguno. Y de pronto, a cuarenta días de terminar el período legislativo, el Gobierno declare la urgencia, lo cual implicará reducir a dos sesiones el proceso para emitir una Ley Estatutaria de especial importancia para la transparencia y el buen suceso de la democracia colombiana.

No es difícil saber que los resultados logrados en la aprobación de la reforma tributaria por la sorpresiva alianza del Pacto Histórico con los congresistas de los partidos Liberal, Conservador y de la U, haya consolidado la maquinaria suficiente para evitar los debates profundos y aprobar una iniciativa que, entre otros efectos, se reflejará en la elección de los cargos de representación popular en la provincia. Esa es la clave del poder que otorga el controlar la porción del Estado más cercano al ciudadano del común y a sus necesidades.

Pero así no debería ser. En una democracia real y efectiva, lo que debe existir cuando se trata de tocar el derecho a elegir y ser elegido es una consulta a los ciudadanos y a las necesidades de un sistema electoral que demanda cambios para impedir la corrupción y para garantizar la transparencia de las elecciones como la base del sistema democrático.

Y todo eso no se logra aplicando la aplanadora de la alianza oficialista y reduciendo el plazo y el espacio para la participación nacional mediante la sorpresiva declaratoria de urgencia emitida por el gobierno nacional.