No al abuso

Así como debe apoyarse y aplaudirse el permanente y denodado esfuerzo de la Policía Nacional para ofrecer seguridad a los colombianos y perseguir el delito, hoy debe rechazarse con firmeza el abuso del que fue víctima un ciudadano en Bogotá. Nada puede justificar que la Fuerza facultada por la ley para ejercer la autoridad y mantener el orden se use sin tener conciencia del daño que se puede causar.

Todo indica que la víctima, un abogado que conducía un taxi para su sustento, se encontraba con unos amigos ingiriendo licor en la calle y protagonizando un incidente que llevó a los vecinos a llamar a la Policía.
Luego se desencadenó un confuso suceso, grabado por algunos de los protagonistas del hecho, en el cual las autoridades redujeron al señor Javier Ordóñez, procediendo a aplicarle varias descargas y a sujetarlo, a pesar de que se veía con claridad que no representaba un peligro.

El desenlace fue fatal para el señor Ordóñez, no obstante que los mismos testigos reclamaban a los agentes que no le siguieran golpeando. Lo que pasó a continuación no está claro y sólo se supo que su cadáver estaba en un Centro de Atención Integral de la Policía. Vino después una explicación de un Coronel que narra una primera versión e informa sobre el traslado de los policías involucrados a labores administrativas, mientras se investigan los hechos y se fijan las responsabilidades del caso.

Frente a esa versión está un video sobre lo ocurrido. Causa indignación y rechazo la manera en que el señor Ordóñez es tratado por los agentes del orden durante varios minutos, a pesar de que no es un peligro, y la manera en que se niegan a escuchar los pedidos de esa persona para que cesen el castigo al cual lo han sometido, así como el llamado de los testigos a que atiendan ese angustioso reclamo.

Así no puede ejercerse la autoridad ni aquí en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Cada Policía o servidor público que tenga la posibilidad de usar la fuerza para garantizar la tranquilidad debe saber que existe un límite para su uso. Y que una vez sometido un infractor, como ocurrió en este caso, deben ofrecérsele las garantías necesarias para proteger su integridad mientras se lleva ante un juez para que responda por sus actos, sea cual fuera la gravedad de ellos.

En el transcurso del día de ayer, desde el Presidente de la República hasta las más diversas esferas del Estado han expresado su condena a lo acontecido con el señor Javier Ordóñez. Eso le ha causado un grave daño a la imagen de la Policía Nacional y a los cientos de miles de sus servidores, que no se repara con comunicados en los cuales se anuncian investigaciones y sanciones si es del caso.

Lo que debe producirse es un rechazo terminante de quienes dirigen y comandan la Policía Nacional a un hecho inaceptable, además del compromiso de reforzar en cada uno de sus integrantes el respeto que merece cada ciudadano. Es la obligación de diferenciar la Fuerza Legítima que protege a los ciudadanos, la cual apoyan todos los colombianos, y la fuerza bruta que desconoce el orden jurídico y atropella sus derechos.