Lula, al banquillo

El escándalo estalló en 2005 cuando un congresista acusó públicamente al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de haber pagado desde 2003 el equivalente a US$10.000 mensuales a aliados políticos para asegurarse sus apoyos. El que está considerado como el mayor caso de corrupción de la historia reciente de Brasil estuvo a punto de provocar el colapso del gobierno de Lula.

La Procuraduría de la República de Brasil ordenó el pasado fin de semana a la Policía que investigue las acusaciones de corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El lío venía de atrás y ya se ha cobrado la cabeza de 25 altos funcionarios y aliados políticos del expresidente, aunque Lula da Silva había pasado inmune, libre de condenas y con grandes índices de popularidad.El escándalo estalló en 2005 cuando un congresista acusó públicamente al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de haber pagado desde 2003 el equivalente a US$10.000 mensuales a aliados políticos para asegurarse sus apoyos. El que está considerado como el mayor caso de corrupción de la historia reciente de Brasil estuvo a punto de provocar el colapso del gobierno de Lula. Sin embargo y, pese a las condenas de algunos miembros de su partido, el expresidente fue cómodamente reelegido en 2006. Desde entonces, Lula ha negado que él conociera de aquellos procedimientos corruptos y parecía que el enorme escándalo no lograría salpicarlo. Pero, como sostienen muchos analistas, era casi inverosímil que una corruptela tan grande y generalizada, en la que estaba involucrada la plana mayor de su gobierno y partido, pudiera suceder sin conocimiento de Lula, un hombre que se podrá calificar de muchas maneras, menos de ingenuo.Que ello suceda ahora es un triunfo de la justicia en el enorme país suramericano. La diligencia y severidad de los jueces para desentrañar la red de corrupción y el hecho de haber llegado hasta juzgar y condenar a los hombres más cercanos al presidente Lula, entre ellos políticos de toda su confianza, como su exministro de la Presidencia, José Dirceu, quien recibió una pena de diez años y diez meses de cárcel.Las condenas de estos funcionarios otrora poderosos y la sensación de orfandad en que quedaron ha llevado a que la cadena de silencio se rompa, hasta el punto de que Marcos Valerio, un empresario condenado a 40 años de prisión por el escándalo de corrupción, dijese a los fiscales que el exmandatario recibió dinero de un programa ilícito que usaba fondos públicos para pagar a los partidos de la coalición a cambio de apoyo político. Concretamente, acusó a Lula y al que fuera su ministro de Finanzas entre 2003 y 2006, Antonio Palocci, de haber negociado una paga de US$7 millones en 2005 con el presidente de la compañía Portugal Telecom a través de una cuenta en Macao (China).Aunque la acusación se produjo en septiembre del año pasado, la Procuraduría se tomó el tiempo necesario para compulsar pruebas y ordenar el llamado a juicio del expresidente. El anuncio ha causado estupor en la ciudadanía, en especial entre las clases medias de las grandes ciudades, que fueron decisivas en la elección y reelección de Lula de Silva.“Siempre supimos que la política en Brasil era un mundo de corrupción y de negocios. Elegimos a Lula para que aquello no volviera a pasar. Es muy decepcionante escuchar esta noticia”, es lo que se oye decir en las calles de Sao Paulo. ¿Qué seguirá en el Brasil, después de descubrir que la sal se corrompió?