Los escándalos de la UNP

La incautación de 168 paquetes de cocaína en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, UNP, es el más reciente escándalo de la entidad encargada de cuidar a quienes están bajo amenaza o sus vidas corren riesgo en Colombia. Además de rechazar lo sucedido, es de esperar que se tomen los correctivos que garanticen la transparencia y el debido manejo en una dependencia oficial de vital importancia en el país.

El cargamento de la droga ilícita fue detectado por las autoridades en un puesto de control vial en el municipio de Totoró, Cauca. La camioneta al servicio de la UNP, que se desplazaba desde el departamento del Huila, estaba destinada al exsubdirector de Protección de la entidad e iba conducida por un policía retirado con antecedentes por transporte de sustancias ilegales y quien durante el operativo pretendió extorsionar a los agentes.

No es la primera vez que vehículos y personal de la Unidad Nacional de Protección están involucrados en hechos delictivos. En agosto pasado cerca de Pereira, en otro auto al servicio de la UNP se encontraron 400 kilogramos de marihuana. Lo impactante es que ese vehículo era conducido por la misma persona detenida el sábado anterior en el Cauca, quien pese a ello no estaba en prisión ni judicializado.

A los decomisos de estupefacientes se suman más escándalos. El lunes anterior la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra la entidad por presuntamente entregar vehículos con blindaje falso a líderes sociales y defensores de derechos humanos que están bajo su cuidado. El ente de control ordenó una inspección disciplinaria en las oficinas de la UNP para recolectar los procesos e individualizar a los posibles autores.

Están además las acusaciones contra directivos de alguno de los 19 sindicatos que existen en esa dependencia, a quienes se señala de estar tras los cargamentos de drogas y al servicio del narcotráfico. A ello se suman las denuncias sobre personas protegidas que estarían alquilando a terceros y por sumas millonarias sus vehículos asignados, y que estos se usarían para cometer delitos.

Los cuestionamientos a la Unidad Nacional de Protección se producen desde hace años, sin que desde el Gobierno central se den las respuestas que demanda la ciudadanía sobre lo que pasa en la entidad, y se tomen las decisiones que garanticen su buen manejo y transparencia. No se puede perder de vista que la UNP maneja recursos por $1,3 billones anuales y que debe velar por la seguridad y la vida de 7.714 personas que están amenazadas.

La restructuración de la Unidad Nacional de Protección es urgente y comienza por replantear cómo está conformada su planta de personal. Hoy, apenas 1900 de los escoltas son empleados directos y los 6.000 restantes están por contratos de tercerización, lo que hace difícil ejercer el control interno. Tampoco vale cambiarle solo el nombre, como se hizo en su momento con la actual Sociedad de Activos Especiales, antes Dirección Nacional de Estupefacientes, si los problemas persisten.

Al frente de la entidad se necesitan expertos en seguridad, que ejerzan el control que requiere la entidad, le den un manejo transparente a sus recursos y eviten la actual filtración de estructuras criminales.