La tragedia de siempre

De nuevo, y como ocurre en cada oportunidad que el Ejército debe dejar de cuidar la seguridad en Buenaventura, sus habitantes vuelven a caer en la incertidumbre y se disparan los índices de asesinatos y crimen. Y no aparecen las soluciones de fondo que necesitan tanto los pobladores de ese municipio como el resto del Litoral Pacífico colombiano para cambiar la violencia por el progreso al cual tienen derecho como ciudadanos de Colombia.

Es una espiral que nunca tendrá final mientras el centralismo colombiano no asuma la obligación de ofrecerles alternativas distintas al asistencialismo y las promesas incumplidas. A pesar de ser uno de los grandes contribuyentes al ingreso de la nación, la segunda ciudad del Valle y la primera sobre el Pacífico sigue atrapada en el atraso, en la falta de oportunidades y en el aislamiento. Y solo los delincuentes parecen entender aquello de las ventajas comparativas que ofrece la puerta de nuestro país sobre el mar del futuro y por donde transita el mayor volumen del comercio internacional.

Por ello, la historia se repite cada que las actividades criminales hacen sonar las alarmas por los desastres humanitarios que causa con sus crímenes, o por las protestas de una ciudadanía aprisionada entre la falta de opciones, la arremetida de la violencia y la pobreza que crece de la mano de la migración que aparece de toda la región, en busca de abrigo o como punto de ingreso al interior del país. Pero no llegan las soluciones que ofrezcan empleo, que permitan la generación de oportunidades para superar el atraso y evitar que los bonaverenses deban marcharse de su ciudad, que mueran en ella a causa de la criminalidad, o que sus jóvenes no tengan alternativas de vida decente.

Con razón, monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, clamó por soluciones, al denunciar que en 20 días de julio fueron asesinados 24 jóvenes entre 15 y 35 años, lo que coincide con el retiro del Ejército y de la Infantería de Marina destacados allí para enfrentar la penúltima ola de terror que desencadenaron las bandas que desde hace décadas se disputan el control de esa ciudad. Aunque cambian las denominaciones, los métodos atroces son los mismos, mientras esos jóvenes siguen careciendo de posibilidades para construirse un futuro distinto a jugarse la vida en esas confrontaciones por el control de la delincuencia.

Y ya es corriente que las bandas del crimen organizado establezcan retenes o cobren extorsiones a la población, lo que siembra la zozobra y la obliga a guardarse en sus casas para proteger su vida. Como siempre, se repetirán los consejos de seguridad y se ofrecerá el retorno de los militares para respaldar la Policía, siempre limitada para atender el desafío de la criminalidad.

La solución para Buenaventura no debe ser sólo la llegada de la Fuerza Pública para detener las olas de violencia. Está ante todo en el cumplimiento de la obligación del Estado de crear allí y en todo el Pacífico colombiano las condiciones para el desarrollo y la convivencia que merecen sus miles de habitantes que padecen el embate frecuente del crimen y la miseria.