¿Qué pasará con la competitividad de Buenaventura?

El debate por el cobro a la circulación de carga en Buenaventura debe abrir una discusión más amplia sobre la inversión que necesita el principal puerto del Pacífico colombiano y sobre la competitividad que tiene frente a otros terminales de Colombia y de la región.

Buenaventura no puede seguir atrapada entre la importancia estratégica de su puerto para la economía colombiana y las enormes dificultades que enfrenta para garantizar su propio desarrollo.

Por eso, más allá de la controversia y conveniencia que suscitó el Decreto 0338 de la Alcaldía, que buscaba cobrar $4235 por cada tonelada de carga que circulara por el Distrito, lo que el país necesita es una discusión seria sobre cómo financiar las obras que llevan años pendientes.

La preocupación de los gremios empresariales era legítima. En un momento en el que los costos logísticos afectan la competitividad de las exportaciones y encarecen la producción nacional, sumar nuevos cobros podía generar consecuencias para transportadores, importadores, exportadores y consumidores.

Afortunadamente, la Gobernación del Valle confirmó la suspensión del decreto 0338, ya que los empresarios habían calculado un sobrecosto que podría superar los $84.000 millones anuales.

Pero no se puede olvidar que Buenaventura necesita recursos para resolver problemas que no dan espera. La congestión en los accesos portuarios, los prolongados tiempos de espera de los camiones, la insuficiencia de las conexiones entre las principales vías y los altos costos de movilizar mercancías son obstáculos que afectan diariamente la actividad económica. No es razonable que una operación logística deba enfrentar demoras de 14, 20 o hasta 36 horas, como advierte la Alcaldía, por deficiencias de infraestructura.

La discusión, entonces, no puede reducirse a estar a favor o en contra del fallido cobro que iba a ser asumido por los generadores de carga. El verdadero interrogante es cómo se van a financiar las inversiones que requiere Buenaventura para evitar que se siga perdiendo competitividad y quiénes deben contribuir a ellas sin poner en riesgo la competitividad del puerto.

Para ello, se necesita una mesa de trabajo que reúna a la Alcaldía, el Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle, las sociedades portuarias, los transportadores y los gremios empresariales para analizar alternativas de financiación para la ejecución de las obras pendientes que tiene el puerto.

Entre las alternativas deben evaluarse recursos nacionales y territoriales, mecanismos de cofinanciación, participación privada y esquemas de largo plazo, con reglas claras y transparencia en el manejo de los recursos.

El llamado de la gobernadora Dilian Francisca Toro es pertinente: la competitividad de Buenaventura no puede medirse exclusivamente por el movimiento de contenedores y mercancías. También debe reflejarse en mejores condiciones de vida, oportunidades de empleo, reducción de la pobreza e inversión social para sus habitantes.

El puerto moviliza buena parte del comercio exterior colombiano, pero esa importancia no debe seguir contrastando con las carencias de la población que lo rodea. Buenaventura no puede ser fundamental para la economía nacional y continuar rezagada en su propio desarrollo.

El debate, que se inició, por el cobro por circular la carga, debe convertirse en una oportunidad para saldar una deuda histórica con Buenaventura. El país necesita un puerto más competitivo y los bonaverenses requieren una ciudad con mejores vías, servicios públicos dignos y oportunidades para su gente.