El futuro del norte del Cauca

Entre los ataques permanentes de los grupos violentos y el cierre de empresas que por décadas han aportado a su desarrollo económico y social, el norte del Cauca parece destinado a no tener futuro, a que su progreso siga detenido en el tiempo y a que se les nieguen a sus habitantes las oportunidades que se merecen. De fracasar los esfuerzos actuales del Estado por recuperar el territorio y devolverle la tranquilidad a su gente, se estará condenando a un departamento pujante y con una riqueza inmensa a quedar de forma permanente en manos del crimen organizado y sumido en la más extrema pobreza.

La dimensión de la crisis es alarmante. La respuesta de los grupos armados ilegales a las acciones del Gobierno Nacional en su contra y a la baja de varios de sus cabecillas, ha sido una seguidilla de atentados contra peajes en la vía Panamericana, la Fuerza Pública y las poblaciones. Es el orden público que se recrudece cuando el Estado decide hacer lo que le corresponde y son los habitantes de la zona o quienes se desplazan a diario por ese corredor vial, que es columna vertebral para el suroccidente del país, quienes sufren las peores consecuencias.

A esa violencia permanente, que tuvo su caldo de cultivo durante los cuatro años en que se insistió en la fracasada paz total, se suma en los meses recientes el cierre de cuatro grandes compañías que operaban en la región y que afecta de forma directa al menos a 4000 familias. A ello se une la situación de cientos de pequeños cultivadores de caña que hoy no encuentran a quién vender sus cosechas y que, en algunos casos, llevan años esperando el pago por su producción. Detrás de estas cifras hay trabajadores que perdieron su sustento, jóvenes que ven amenazada la posibilidad de estudiar y campesinos que contemplan cómo sus tierras pierden valor y productividad.

La situación también golpea las finanzas públicas. Puerto Tejada dejará de recibir cerca de $900 millones anuales por concepto de predial, mientras Guachené perderá más de $6000 millones en ingresos por Industria y Comercio asociados a estas empresas. Son recursos que ya no se tendrán para financiar programas sociales, obras y servicios esenciales. El crecimiento de la informalidad, que ya se acerca al 80%, es otra manifestación de una economía que está perdiendo capacidad para generar empleo digno.

Hay un riesgo adicional que no puede subestimarse: que los grupos armados ilegales aprovechen el vacío económico y social que están dejando las empresas para ampliar sus redes de reclutamiento y vincular a más personas a sus actividades criminales. Cuando desaparecen los empleos formales, se cierran las posibilidades de progreso y las familias pierden sus fuentes de sustento, los jóvenes quedan más expuestos a las ofertas de dinero fácil, las amenazas y la presión de estas estructuras.

Hay que reconocer el compromiso del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella con la recuperación de la seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales y sus economías ilegales. Es una tarea indispensable que requiere continuidad, inteligencia, capacidad operativa y resultados.

Sin embargo, la ofensiva contra estos grupos debe estar acompañada de una estrategia económica y social de igual contundencia. No basta con recuperar espacios si después no llegan las empresas, el empleo y las oportunidades que permitan consolidar la presencia institucional: seguridad y reactivación económica son dos frentes que deben hacer parte de una misma política de Estado.

El norte del Cauca, como el resto del departamento, no tiene por qué resignarse a que la violencia determine su destino ni a que el cierre de sus empresas marque el comienzo de un prolongado declive económico. Es una región con capacidad productiva, ubicación estratégica, talento humano y vocación empresarial. Lo que necesita es que esas fortalezas puedan desarrollarse sin el asedio de los violentos y con el respaldo decidido de las instituciones.

Recuperar el norte del Cauca significa mucho más que enfrentar a los grupos armados: significa devolverle al territorio la posibilidad de producir, atraer inversión, generar empleo y ofrecerles un futuro a sus habitantes. La seguridad debe abrirle camino a la economía legal, y la reactivación económica debe convertirse en una garantía para que la institucionalidad permanezca. Si el Estado no logra avanzar en ambos propósitos, los violentos seguirán ganando terreno, no solo con las armas, sino también sobre las necesidades de una población que no puede seguir esperando.