Solidaridad con los arriendos para los damnificados

Cientos de familias caleñas aún no han logrado encontrar la normalidad, luego del terremoto del pasado 10 de agosto. Una de las razones principales es que se quedaron sin vivienda, ya sea porque el edificio colapsó total o parcialmente.

Muchas rápidamente fueron recibidas por familiares y amigos, mientras definían su suerte, pero resulta que la reconstrucción es un proceso que no es fácil y tardará bastante tiempo, de ahí, que gran parte de los damnificados tuvieron que salir a arrendar una vivienda, mientras se resuelven temas de seguros o ayudas del Gobierno.

Pero hay quejas recurrentes sobre lo que está pasando con el valor de los arriendos en Cali. Algunos propietarios e inmobiliarias han aprovechado la alta demanda por vivienda y se reportan incrementos desmesurados en el valor de los cánones.

Las denuncias, conocidas por El País, hablan de arriendos que antes oscilaban entre $1,5 millones o $2 millones, por la zona que fue más afectada por la tragedia y sus alrededores, y que ahora se ofrecen por $3,5 millones, incluso con espacios más pequeños y condiciones inferiores. Esto se evidencia, especialmente en sectores como El Ingenio, Valle del Lili, Bochalema, La Hacienda, El Peñón, San Joaquín, donde espacios muy pequeños cuestan hasta el doble de lo que valían hace unos meses.

En medio de la emergencia, la ciudad respondió con generosidad: llegaron alimentos, ayudas, donaciones y expresiones de solidaridad para quienes lo perdieron todo. Sin embargo, esa solidaridad no puede agotarse en los días posteriores al temblor. También debería manifestarse ahora, cuando muchos damnificados buscan un lugar digno y seguro donde vivir, porque no van a poder regresar a sus apartamentos o casas en mucho tiempo.

Si estas situaciones se están presentando, es necesario hacer un llamado a la responsabilidad ciudadana. No es aceptable que una tragedia que dejó a tantas familias sin techo se convierta en una oportunidad para obtener ganancias extraordinarias a costa de la necesidad ajena.

Hay familias que llevan semanas buscando un inmueble que se ajuste a sus posibilidades económicas, pero se encuentran con estas barreras. La tragedia los está obligando no solo a moverse de sus espacios seguros, sino también de las zonas de preferencia en la ciudad, incluso, han tenido que tomar decisiones como trasladarse a los municipios vecinos para intentar retomar su normalidad.

Es legítimo que los propietarios reciban una remuneración por sus bienes, que también seguramente han adquirido con esfuerzo, y que los mercados tengan sus dinámicas, pero también existen principios de responsabilidad y solidaridad que deben prevalecer en momentos excepcionales.

El papel de las inmobiliarias no debería limitarse a aprovechar la coyuntura para ofrecer los inmuebles al mejor precio posible. También pueden contribuir a facilitar acuerdos, mantener condiciones razonables y acercar a quienes necesitan vivienda con quienes tienen propiedades disponibles. En una emergencia, la intermediación inmobiliaria debería tener también una dimensión social.

Las autoridades municipales tampoco pueden permanecer al margen. La Alcaldía de Cali, a través de las dependencias correspondientes, debería hacer seguimiento a las denuncias, identificar posibles abusos y orientar a los ciudadanos sobre los mecanismos de protección que contempla la legislación de arrendamientos. Es importante que exista información clara sobre los incrementos permitidos y que se investiguen las prácticas que puedan vulnerar los derechos de los arrendatarios.

Cali ha demostrado en muchas ocasiones que es una ciudad solidaria, capaz de unirse frente a las dificultades y, en momentos como este, hay que ponerse en los zapatos de los que perdieron su hogar. La reconstrucción de la vida de estas personas pasa por tener una vivienda digna donde puedan sentirse nuevamente seguras, mientras llegan las soluciones definitivas que van a tardar más de lo esperado.