El sometimiento de los violentos

Durante los últimos cuatro años los colombianos vieron cómo los grupos armados ilegales extendieron su poder en el territorio nacional, sometieron a comunidades enteras y desafiaron a la institucionalidad, todo ello bajo la sombrilla de una ‘paz total’ que nunca avanzó. Esa realidad que tanto daño le ha ocasionado al país es la que se espera quebrar con la nueva Ley de Sometimiento sancionada esta semana por el Presidente de la República, que deberá servir para recuperar la seguridad, restablecer el orden y garantizar que la ley prevalezca sobre las armas ilegítimas. Es la recuperación de la autoridad legítima del Estado que demanda la Nación

El Congreso de la República dio luz verde a esta iniciativa el pasado 3 de noviembre, después de un trámite que avanzó con inusual rapidez por las dos cámaras legislativas. El proyecto obtuvo 57 votos favorables y 24 en contra en el Senado, mientras que en la Cámara de Representantes consiguió 95 votos positivos y 10 negativos. Un consenso que, más allá de las diferencias políticas, refleja la urgencia de responder a una demanda ciudadana: recuperar el control del territorio y detener el accionar de los grupos armados ilegales. Un día después, el presidente Abelardo de la Espriella sancionó la Ley 2640 de 2026.

La nueva legislación establece un marco jurídico para que las organizaciones criminales puedan someterse a la justicia, pero bajo condiciones que no dejan espacio para confundir este mecanismo con una negociación política. Se trata de desmantelar estructuras armadas, no de reconocerles legitimidad ni concederles un estatus que no les corresponde.

La entrega de la totalidad de las armas, la identificación de sus integrantes, la información sobre sus redes de financiación, bienes y economías ilícitas, así como la entrega de menores reclutados y de personas secuestradas, desaparecidas o retenidas, son compromisos fundamentales. También lo son el cese de las actividades criminales y la contribución efectiva a la verdad y la reparación de las víctimas. Los beneficios judiciales contemplados deberán estar condicionados al cumplimiento de esas obligaciones y a la verificación de los aportes realizados.

No puede desconocerse que esta nueva ruta surge después del fracaso de la política de Paz Total impulsada por el expresidente Gustavo Petro. Una estrategia que, en lugar de conseguir el desarme y la desmovilización de las organizaciones ilegales, terminó facilitando su fortalecimiento y expansión territorial. El Eln, las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y el Clan del Golfo, entre otros grupos ilegales, ampliaron su capacidad de intimidación y sus economías criminales, mientras comunidades enteras quedaron expuestas a sus amenazas. Cali, el Valle del Cauca y el Cauca conocen dolorosamente las consecuencias de esa realidad, con atentados terroristas, asesinatos, confinamientos y ataques contra la infraestructura que han golpeado a la población civil.

La nueva ley ofrece una oportunidad para corregir ese rumbo, pero su sola aprobación no garantiza que Colombia recupere la seguridad. El Gobierno Nacional tendrá que demostrar que cuenta con la voluntad y la capacidad institucional para aplicarla, mientras fortalece la Fuerza Pública, la inteligencia y la presencia integral del Estado en las regiones históricamente abandonadas.

Tampoco se puede perder de vista que las víctimas deben ocupar un lugar central en este proceso. No sería aceptable que quienes durante años sembraron terror encuentren en el sometimiento una salida favorable sin entregar la verdad, reparar a quienes afectaron y responder ante la justicia. Las reducciones de penas previstas en la legislación no pueden convertirse en un premio para quienes pretendan ocultar sus responsabilidades o mantener intactas sus estructuras criminales.

La Nación estará pendiente de cada decisión, de cada compromiso y, sobre todo, de los resultados. La aplicación de esta ley deberá estar sometida al escrutinio público, al respeto irrestricto de los derechos humanos, a las garantías judiciales y al Estado de Derecho del que se precia Colombia.

La verdadera medida del éxito de esta ley no estará en el número de organizaciones que anuncien su intención de someterse, sino en las armas que entreguen, las estructuras que se desmantelen, las víctimas que sean reparadas y las comunidades que recuperen su libertad. Colombia necesita que la ley se cumpla, que la justicia actúe y que el Estado vuelva a estar donde nunca debió dejar de estar.