El contrabando hace humo la economía

Seguir tratando el contrabando de cigarrillos como un delito aduanero menor o una simple falta administrativa es un error estratégico que le está costando miles de millones de pesos al país y una desatención que contribuye al desfinanciamiento del deporte y la salud de los colombianos.

Lo que revela el informe publicado en el diario El País es que el ingreso ilegal de millones de cajetillas por los puertos y carreteras de Colombia dejó de ser un asunto menor de vendedores ambulantes y se convirtió en una enorme maquinaria del crimen internacional para el blanqueo de capitales del narcotráfico.

Basado en datos suministrados por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y las estadísticas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el reportaje desentraña una cifra alarmante: entre enero de 2020 y el primer semestre de 2026 fueron incautadas en Colombia 50.605.171 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluada en $85.000 millones.

La gran mayoría son de las marcas Carnival (procedente de Corea del Sur) y Rumba (fabricada en Paraguay) que las redes de lavado de dinero ingresan al país mediante un proceso de triangulación desde Panamá o Aruba y que entran luego a bodegas clandestinas a través de los puertos del Caribe y el Pacífico.

Tal como lo advierten los expertos, la ecuación es simple: entre más cocaína sale del país, más mercancía ilegal ingresa para retornar las ganancias ilícitas.

Advierte también el informe que ese contrabando de tabaco se convierte en motor de financiamiento del terrorismo de organizaciones como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, las cuales aprovechan el control de algunos territorios para cobrar millonarias extorsiones y peajes para permitir el movimiento de los cigarrillos de contrabando en sus lugares de influencia.

Sin duda el haber decomisado más de 50 millones de cajetillas en los últimos siete años es un logro que merece el reconocimiento al esfuerzo de las autoridades, pero también preocupa que una cifra similar o superior pudo haber burlado los controles y terminar inundando los mercados locales.

No son pocas las regiones, sobre todo en el norte del país, en las que el mercado ilegal ha terminado supliendo hasta el 90 % de los cigarrillos que se consumen, y en el Valle del Cauca la pérdida de terreno del comercio legal avanza sin pausa.

Por eso la respuesta institucional debe ser todo, menos tibia. La aprobación en el Congreso del Estatuto Antiterrorista es la oportunidad inmejorable para repensar la lucha contra el contrabando de tabaco en su verdadera dimensión y atacar las finanzas de quienes integran sus redes y se ponen al servicio del narcotráfico y de los grupos armados ilegales.

No se trata simplemente de sacar cigarrillos ilegales de las calles, sino de perseguir y desmantelar a quienes han convertido el contrabando en un negocio criminal multimillonario.

Además como una manera de proteger el comercio legal, que se ha visto obligado a competir en condiciones de desigualdad frente a frente a productos que se venden a precios irrisorios mientras ellos tiene que pagar impuestos y obligaciones tributarias.

En conclusión, los recursos que debe generar el tabaco en departamentos como el Valle del Cauca para financiar el deporte y la salud, están terminando en los bolsillos de grupos armados y organizaciones ilegales para fortalecer sus estructuras criminales.

Por eso, como lo hace el crimen trasnacional, la estrategia de lucha del Estado debe también trascender fronteras y buscar la cooperación internacional en materia judicial y aduanera para ir tras las redes que desde Paraguay, Corea del Sur o China destruyen el comercio local.