Editorial
Los límites a la autonomía universitaria
La autonomía universitaria debe proteger la libertad de pensamiento y la protesta pacífica, pero no puede convertirse en un argumento para impedir la actuación de las autoridades frente a hechos violentos o delictivos dentro del campus.
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8 de oct de 2026, 02:18 a. m.
Actualizado el 8 de oct de 2026, 02:18 a. m.
La discusión sobre el ingreso de la Fuerza Pública a la Universidad del Valle no debería reducirse a una disputa entre quienes defienden la autonomía universitaria y quienes reclaman mayor presencia policial. El asunto es mucho más serio: se trata de establecer con claridad cuáles son los límites de esa autonomía cuando dentro o alrededor de un campus se presentan hechos que ponen en riesgo la vida, la integridad de las personas y los bienes públicos. La reciente respuesta de Univalle a un derecho de petición aporta una precisión necesaria: la autonomía universitaria no es un territorio por fuera de la ley.
La universidad tiene razón al defender su autonomía. Las instituciones de educación superior deben ser espacios para pensar distinto, cuestionar al poder, investigar, debatir y protestar.
Una universidad sin libertad de pensamiento y sin posibilidad de expresar inconformidades perdería buena parte de su razón de ser. Y en un país como Colombia, con una larga historia de violencia política, la presencia de la Fuerza Pública dentro de los campus universitarios debe ser una medida excepcional y cuidadosamente regulada.
Pero defender la autonomía no puede significar tolerar que algunos utilicen el campus como refugio para cometer delitos. La protesta pacífica es un derecho; lanzar artefactos explosivos, destruir bienes públicos, agredir a ciudadanos o poner en riesgo la vida de trabajadores y estudiantes es otra cosa. Ninguna de esas conductas puede encontrar protección en la autonomía universitaria. Confundir protesta con violencia termina perjudicando precisamente a quienes ejercen legítimamente el derecho a protestar.
Lo preocupante es que, después de años de disturbios alrededor de Univalle, todavía exista una zona gris sobre quién puede actuar, cuándo puede hacerlo y bajo qué protocolos. La propia información conocida ahora muestra una diferencia que debe ser resuelta: mientras la Universidad reconoce que existen circunstancias de flagrancia o cumplimiento de una orden judicial que permiten el ingreso de la Policía, la institución policial ha señalado que su actuación está condicionada por la autonomía universitaria. Esa falta de claridad no puede mantenerse indefinidamente.
También debe reconocerse que un ingreso indiscriminado de la Fuerza Pública al campus tampoco es la solución. Como ha advertido el rector Guillermo Murillo, una intervención masiva puede terminar generando mayores daños a personas y bienes. Por eso, el debate no debería plantearse entre “Policía sí” o “Policía no”, sino entre improvisación y protocolos. Cali necesita reglas claras, conocidas previamente por la Universidad, las autoridades civiles, la Policía y la comunidad universitaria.
Hay además una responsabilidad que no puede eludirse: la de quienes participan en los disturbios. No es aceptable que una minoría violenta termine afectando a miles de estudiantes, profesores y trabajadores, ni que convierta sectores estratégicos del sur de Cali en escenarios recurrentes de confrontación. Tampoco es justo que los daños terminen pagándose con recursos que deberían estar destinados a investigación, infraestructura, bienestar o formación académica. Defender la universidad también significa protegerla de quienes la utilizan para la violencia.
La discusión debe llevar, entonces, a un acuerdo institucional serio. Universidad, Alcaldía, Policía, Fiscalía, Gobernación y representantes de la comunidad universitaria deberían establecer un protocolo público que determine qué ocurre ante una situación de flagrancia, cómo se protege a quienes están dentro del campus, quién toma las decisiones y cuáles son los límites de cualquier intervención. No se trata de abrir las puertas de la universidad a la Fuerza Pública, sino de cerrar las puertas a la ambigüedad.
Univalle es demasiado importante para Cali como para permitir que su nombre quede asociado permanentemente con los disturbios. La universidad debe seguir siendo un espacio para la crítica, la inconformidad y la protesta pacífica, pero también debe ser un lugar seguro para estudiar, enseñar e investigar.
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