Las implicaciones de acudir al FMI

El acercamiento de Colombia al Fondo Monetario Internacional (FMI) abre una oportunidad para enfrentar la difícil situación de las finanzas públicas, recuperar la confianza de los mercados y buscar alternativas para aliviar el costo de la deuda.

Entre los expertos económicos hay coincidencias sobre la importancia de explorar ese camino, aunque también existen diferencias sobre las condiciones que debería aceptar el país. Y es precisamente ahí donde debe estar la discusión: Colombia necesita ayuda financiera, pero no puede permitir que la salida de la crisis termine castigando a los ciudadanos, es algo que ojalá el Gobierno Nacional tenga claro.

El Estado gasta por encima de sus ingresos, mientras una porción cada vez más significativa del presupuesto debe destinarse al pago de intereses. Para 2027, el presupuesto contempla $155,4 billones para el servicio de la deuda, de los cuales $94 billones corresponden a intereses. Es dinero que deja de estar disponible para atender necesidades sociales, impulsar la infraestructura y fortalecer servicios esenciales.

La situación es aún más preocupante si se tienen en cuenta las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que advierte que el déficit podría ser más profundo de lo previsto por el Gobierno. Sus estimaciones apuntan a un déficit fiscal de 7,8 % del PIB para 2026 y de 9,5 % para 2027. Estas cifras muestran que los recortes anunciados hasta ahora podrían resultar insuficientes y que el país necesita decisiones oportunas, responsables y creíbles.

En ese contexto, acercarse al FMI puede ser una decisión conveniente. Un respaldo del organismo podría contribuir a mejorar las condiciones de financiamiento, reducir la presión sobre las cuentas públicas y enviar una señal de compromiso con la estabilidad económica. No se trata de desconocer las dificultades, sino de enfrentarlas antes de que se vuelvan inmanejables, por lo cual sería un punto a favor del actual gobierno.

Sin embargo, el país debe actuar con prudencia. No sería razonable buscar alivio financiero a cambio de compromisos que terminen agobiando a los hogares colombianos, ya sea mediante nuevos impuestos, reducción indiscriminada de subsidios o recortes que afecten servicios fundamentales. Los ciudadanos no pueden terminar pagando la factura de decisiones equivocadas de los gobernantes, de presupuestos construidos sobre ingresos inciertos o de gastos que no tuvieron una financiación sostenible.

Colombia debe asumir su ajuste con autonomía, definir sus prioridades y negociar cualquier apoyo internacional defendiendo el interés nacional. La disciplina fiscal no puede confundirse con trasladarles a los sectores más vulnerables el peso de la corrección. Tampoco se trata de desconocer que el Estado necesita recursos para funcionar y cumplir sus obligaciones.

Eso exige decisiones concretas. El Gobierno debe revisar los gastos de funcionamiento, evaluar la estructura de las entidades públicas, eliminar duplicidades, combatir la evasión y el contrabando y revisar los beneficios tributarios que no cumplan una función económica o social clara. También debe discutir, con transparencia, las alternativas para mejorar el recaudo y administrar mejor los activos estatales, sin convertir la venta de patrimonio público en una solución improvisada para cubrir faltantes recurrentes.

Es claro que el presupuesto debe ajustarse a los ingresos que realmente puede obtener el país. No es responsible comprometer recursos que no existen ni confiar en proyecciones optimistas que después obliguen a endeudarse más, ojalá que esto sea una premisa en todas las entidades.

El acercamiento al FMI, por tanto, puede ser positivo, siempre que forme parte de una estrategia fiscal seria, gradual y socialmente responsible. Colombia necesita recuperar la confianza, cumplir sus obligaciones y garantizar que el Estado siga funcionando adecuadamente. Pero también necesita proteger el empleo, los ingresos familiares y los servicios públicos esenciales.

La crisis fiscal no se resolverá con anuncios ni con nuevos préstamos por sí solos, la ayuda internacional puede dar un respiro, pero la responsabilidad de ordenar las finanzas corresponde al país.