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La reforma agónica

Enfocado en la ley de financiamiento que busca conseguir la plata para cubrir el déficit del presupuesto que aprobó hace un mes, el Congreso de la República tiene los días contados para sacar adelante la propuesta de reforma a la Justicia.

27 de noviembre de 2018 Por: Editorial .

Enfocado en la ley de financiamiento que busca conseguir la plata para cubrir el déficit del presupuesto que aprobó hace un mes, el Congreso de la República tiene los días contados para sacar adelante la propuesta de reforma a la Justicia. Todo indica que no ha sido posible conseguir el consenso que se requiere para aprobar la iniciativa.

La verdad es que la propuesta parece una reedición de proyectos presentados antes, casi todos dirigidos a resolver los conflictos que existen entre las Altas Cortes, las limitaciones a su capacidad de intervenir en elecciones de funcionarios o a suprimir por enésima vez el Consejo Superior de la Judicatura y su poder jurisdiccional. Y que con ello no se atiende el clamor ciudadano por la transparencia, por un cambio que permita acceder de manera rápida y efectiva a ese vital servicio público y por la obligación de acabar con la impunidad.

No obstante, al presentar la iniciativa el Gobierno Nacional quiso mostrar su decisión de atacar uno de los problemas que afectan las relaciones políticas entre los poderes públicos en Colombia. Pero, como ocurrió con las reformas frustradas o abortadas del pasado, allí no estaba la propuesta para rescatar la credibilidad del Estado de Derecho en Colombia. Es decir, la falta de una justicia cumplida que resuelva los conflictos y de aquella que aplica las leyes para darle orden a la sociedad, proteger los derechos y hacer preservar la civilización por encima de las formas primitivas de la justicia por mano propia, la ley del Talión o la del ojo por ojo y diente por diente.

Esa otra justicia no requiere las complejas maniobras que demanda sacar adelante los actos legislativos que terminan por norma en manos de los mismos jueces a los cuales se les ha pretendido recortar sus poderes, que no el más importante, el de hacer valer la Ley como árbitro supremo de la sociedad. Lo que sí exige es voluntad política y la necesidad de escuchar a los jueces y tribunales que hoy son convidados de piedra, para que desde su experiencia cuenten cuáles son las dificultades que enfrentan para cumplir su juramento como servidores públicos, así como sus propuestas para destrabar un servicio que debería ser la médula de la convivencia en nuestro país.

Ahora, la reforma elaborada de manera juiciosa por la Ministra de Justicia pende de un hilo en el Congreso. El tiempo, la falta de acuerdos entre las bancadas y el alud de otras reformas han impedido que se haga el debate que se requiere para satisfacer lo que es una necesidad inaplazable, si lo que se quiere es reconstruir la credibilidad de la inmensa mayoría de los colombianos en sus instituciones.

Queda claro que reformar la Justicia en sus estrados superiores por la vía ordinaria de un acto legislativo o mediante la expedición de una ley parece una utopía cada vez más inalcanzable. Y queda también en espera el acuerdo nacional que se requiere para que los ciudadanos del común tengan el servicio público que se necesita en una democracia y los derechos individuales o colectivos sean protegidos como ordena la Constitución.

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