La industria de la muerte

A pocos días de realizarse la segunda vuelta que definirá el próximo presidente de Colombia, el narcotráfico parece tener un tratamiento marginal pese a su gran impacto en la vida nacional. Sus cifras son de tal tamaño que deberían tener prioridad tanto para los aspirantes como para quienes ejercerán el derecho a elegir el próximo 19 de junio.

El pasado lunes se conoció un informe según el cual se había capturado en Italia un cargamento de 4,5 toneladas de cocaína provenientes de nuestro país, en una operación multinacional de varios meses y perteneciente al llamado Clan del Golfo. Si el kilogramo de esa droga se paga alrededor de US $100.000, no es difícil calcular cuánto recibiría la banda criminal y qué impacto produciría en términos de riqueza que alimenta el delito y promueve la violencia en casi todo el territorio nacional.

De otra parte, el informe sobre Logros de la Política de Defensa y Seguridad publicado en marzo pasado por el Ministerio de Defensa muestra unas realidades estremecedoras. Por ejemplo, en el 2021 se incautaron 669 toneladas de cocaína, 491 de marihuana y 334 kilos de heroína. Y en el presente van 174 toneladas del alcaloide, 120 de la yerba y 174 kilos del opioide.

Sólo en las vías del departamento del Valle y durante los primeros cinco meses de este 2022, las autoridades han incautado 3,2 toneladas de cocaína, 24 de marihuana y 120 kilos de heroína, lo que explica en gran parte el origen de la violencia que afecta nuestra región. Cabe preguntar qué porcentaje de la producción total no es capturada para darse cuenta de la enorme amenaza que significa el narcotráfico, su poder de destrucción y la violencia que desata para mantener el control de uno de los negocios más grandes y rentables del mundo.

Y qué significa el esfuerzo que debe hacer el Estado, así como el sacrificio de los soldados y policías para controlar y perseguir lo que es una industria de la muerte que empieza con la destrucción del medio ambiente y se concreta en la creación de organizaciones criminales, algunas de las cuales, como el Eln o las disidencias de las Farc, pretenden justificar sus delitos con mentirosas militancias políticas. Es todo un atentado que posee más de 200.000 hectáreas sembradas de coca, a las cuales deben destinarse esfuerzos gigantescos para su erradicación, la cual se desvanece con la resiembra que impulsa tan gigantesco negocio.

Todo ello se traduce en violencia y criminalidad en regiones como el Litoral Pacífico, el Putumayo, el Catatumbo y la frontera con Venezuela, hoy el corredor más importante para mover la droga a los mercados internacionales, junto con el océano Pacífico convertido en una especie de autopista para llevar los cargamentos que llegan a los Estados Unidos vía Centro América. Y en toda esa operación están los carteles mexicanos el gran poder para llegar a los mercados consumidores.

Ante ese estremecedor cuadro, es necesario preguntar a los candidatos por sus propuestas para enfrentar el que sin duda es el causante principal de los conflictos y el terror que sacuden gran parte del territorio colombiano.