La dictadura de Nicaragua

El mensaje del régimen de Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, es claro. Quienes se le opongan enfrentarán largas condenas en prisión o terminarán expatriados a la fuerza y con sus derechos ciudadanos retirados de por vida.

Tal fue la suerte que corrieron la semana anterior 222 nicaragüenses, entre ellos figuras públicas, políticos, periodistas, sacerdotes y campesinos, perseguidos por un gobierno totalitario que lleva quince años en el poder y ha hecho todo a su alcance para restringir las libertades y los derechos de sus ciudadanos. Así ha silenciado al periodismo independiente, persigue a quienes protestan en su contra y convirtió el disentimiento en el más grave delito en contra del Estado.

Nicaragua completa cinco años sumida en la peor de las represiones, instaurada, además, por quien luchó entre los años 60 y 70 contra la dictadura de la familia Somoza y lideró la Revolución Sandinista que finalmente liberó al pueblo nicaragüense. Las controvertidas reformas a la seguridad social, los cambios a la Constitución que le han permitido a Ortega y a su mujer Rosario Murillo, la vicepresidenta, perpetuarse en el poder, así como las acusaciones de nepotismo y enriquecimiento familiar, provocaron en 2018 las más graves protestas en ese país.

Comenzó entonces la persecución a campesinos, políticos, medios de comunicación críticos de lo que sucedía y a la Iglesia Católica, que se convirtió en detractora de los excesos cometidos por el gobierno. En una repetición de lo que han hecho las dictaduras recientes en el continente, se encarceló a todo aquel que se manifestó en su contra, se asfixió a los periódicos al no permitir la importación de papel, mientras periodistas y directivos de los medios fueron privados de su libertad. Y para posar de democracia, se llamó en 2022 a unas elecciones municipales que el régimen ganó en su totalidad.

Se cuentan por miles los capturados y condenados por delitos contra el Estado, creados con ese único fin por una Justicia sumisa al gobierno de Ortega. Centenares de los detenidos son considerados presos políticos, como los 222 que el jueves anterior fueron sacados de las cárceles, subidos en un avión, expatriados hacia los Estados Unidos y a quienes se les comunicó en pleno vuelo que perdían su nacionalidad.

Así se convirtieron en apátridas a la fuerza. Entre ellos están la excandidata presidencial y directiva del diario La Prensa, Cristina Chamorro, su hermano y su primo, también vinculados al periódico familiar; sacerdotes, campesinos, exguerrilleros y políticos que alguna vez fueron aliados del sandinismo y funcionarios conversos del actual régimen. Al obispo Rolando Álvarez, quien se negó a subirse en la aeronave, le realizaron un juicio exprés por nuevos delitos y fue condenado a 26 años de prisión.

Frente a lo que sucede en Nicaragua, el mundo no puede seguir indiferente. El gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, a quien pretende ahora convertir en copresidenta, es una dictadura, que suprime libertades mientras castiga a la oposición. Por ello las naciones democráticas, incluida Colombia, deben rechazar sus prácticas y exigir que se respeten los derechos ciudadanos de todos los nicaragüenses, incluido el de tener una nacionalidad, lo que se les niega ahora a quienes fueron expulsados de su propio país.