La amenaza de la ilegalidad

Al lado de los debates sobre la corrupción y las dificultades para enfrentarla, el crecimiento de los cultivos ilícitos, del narcotráfico, de la minería no autorizada y con ellos la violencia pueden definirse como protagonistas principales del 2018 en Colombia. Son los enemigos principales de la legalidad que se traducen en amenaza para la concordia en la sociedad, y deben tener respuestas para detenerla.

Ese crecimiento denota ante todo la dificultad del Estado para enfrentar los desafíos de un país rico en recursos que no ha podido lograr la manera de hacer prevalecer el orden y la justicia en todo el territorio nacional. Por eso parecen existir dos países, el que se vive en la capital de la República y en las grandes ciudades, y aquel que transcurre en la provincia y se refleja en el crecimiento de urbes como Cali, donde la presencia de la delincuencia se convierte en motivos de zozobra que claman por la presencia de las autoridades.

El 2017 registró el incremento de las áreas dedicadas al cultivo de la coca y el consecuente aumento del narcotráfico, ya fuera para la exportación o para el consumo interno. Ese crecimiento fue paulatino en los últimos años, llegando a cifras que se estiman en doscientas mil hectáreas de cultivos ilícitos y en más de mil doscientas toneladas de cocaína. Y aunque las autoridades han realizado esfuerzos de todo orden y han logrado resultados importantes, lo cierto es que regiones como el Pacífico o el Catatumbo han padecido la tragedia que significa el poder de los grupos dedicados a explotar los negocios ilícitos.

Es que el narcotráfico y la minería ilegal son los generadores de la enorme riqueza que alimenta la violencia en Colombia. Violencia que a su vez se pretende justificar con apelaciones a la pobreza y la inequidad o aduciendo mentirosas argumentaciones políticas. En el fondo de todo está la ambición por la riqueza que lleva a crear fronteras y a desencadenar conflictos entre los grupos que han encontrado en la demanda de sus productos, en la protección del gobierno de Venezuela y en la alianza con los carteles mexicanos el espacio ideal para su tenebrosa prosperidad.

Por ello debe decirse de nuevo que uno de los compromisos más importantes del Estado para el año que se inicia en dos días debe ser el combate a esas formas de delincuencia que están devolviendo la vida en la provincia colombiana a situaciones que se creían superadas. Tumaco, Buenaventura, el Chocó, el Catatumbo, o el corredor del Norte del Cauca y el sur del Valle son pruebas incontrastables del peligro que asecha a millones de colombianos y a la misma institucionalidad si no se toman las decisiones que corresponden.

Esa tarea corresponde al Gobierno Nacional. Pero también es necesario construir un consenso para que todas las fuerzas políticas y sociales tomen conciencia del papel que les corresponde en el desafío que debe enfrentar Colombia. Por ello, y aunque exista una nueva realidad en el equilibrio político, es la hora para llamar a la unión que permita superar la amenaza que representan la presencia y el poder creciente de la ilegalidad en gran parte del territorio nacional.