El nuevo desafío

Al estilo de las más terribles épocas de los carteles de la droga y el narcoterrorismo, el Eln ordenó asesinar policías sin otro propósito que sembrar el desconcierto. Es el desafío inaceptable a la sociedad colombiana que hace aún más imposible entablar cualquier negociación con los autores y propiciadores de tales crímenes.

El pasado lunes, dos policías fueron asesinados cuando almorzaban en un restaurante de El Tambo, Nariño. Su verdugo utilizó esa circunstancia para descargar un arma de fuego y huir, aprovechando la sorpresa. Un día antes, dos agentes de la Policía aduanera fueron baleados en el puente internacional José Antonio Páez que une a Arauca con Venezuela y los asesinos huyeron hacia el otro lado de la frontera.

Esos son sólo los últimos hechos de una cadena que lleva al Ministro de Defensa de nuestro país a afirmar que existe un plan para eliminar a nuestros policías, el cual ha venido ejecutándose tanto por el Eln como por las llamadas disidencias de las Farc. Como en las épocas del nefasto Pablo Escobar, los servidores públicos que se encargan de labores distintas a las militares son blanco de lo que parece ser un esquema de exterminio.

Con ello se busca crear un clima de inseguridad, al eliminar a quienes están uniformados para mantener el orden en el país. Es el lenguaje del terrorismo que procura aumentar la sensación de impotencia en la sociedad, a la vez que de debilidad del Estado para reaccionar ante quienes se pretenden mostrar como movimientos rebeldes para conseguir reconocimientos políticos o, simplemente, mostrar una fortaleza inexistente.

En el caso de Arauca, vuelve a hacerse patente la facilidad con la cual los criminales evaden la Justicia con sólo atravesar, a pie, el puente fronterizo. Es la impunidad que les ofrece la dictadura que encabeza Nicolás Maduro, respaldada hasta ahora por las Fuerzas Armadas de ese país, y que se ha convertido en el gran aliciente para una violencia que incluye narcotráfico, minería ilegal, secuestros, extorsiones y voladuras constantes de los oleoductos en Colombia.

Ese es el desafío que la delincuencia vestida de guerrilla le está planteando al Estado y a la sociedad colombiana. Una mezcla de terror y sicariato que paga a quien asesine servidores públicos, mientras por otro lado los jefes de esas bandas, cómodamente resguardados en el exterior, exigen diálogos en el lenguaje ya tradicional que acusa a nuestras instituciones, en especial a la Fuerza Pública, de ser enemigas de la paz y obstáculos para el diálogo.

Esa es la trampa en la cual no podemos caer. Pretender negociaciones basadas en el crimen contra la Nación y el asesinato de policías indefensos son delitos de lesa humanidad. Y deben ser razones de peso para aumentar el combate a esas organizaciones, aumentando a la vez las medidas que sean necesarias para evitar que los autores materiales e intelectuales de esas fechorías cumplan su cometido o sigan gozando de impunidad.

Todos en Colombia queremos la paz. Pero ya no es el momento para caer en ingenuidades mientras asesinan a nuestros policías.