El dilema de la JEP

El dilema de la JEP

Febrero 18, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Luego del recorrido que ordena la Constitución, la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz está en manos del Presidente de la República, ya sea para su sanción o para su objeción. Sea cual fuere, la decisión tendrá grandes repercusiones para la supervivencia del proceso que terminó con el conflicto con las Farc.

Debe recordarse que su trámite ocupó varios meses de la agenda del Congreso de la República, dentro del cual se produjeron debates de especial trascendencia y existió oportunidad para los partidos y movimientos, así como para muchas organizaciones y ciudadanos, de expresar sus puntos de vista. También es oportuno afirmar que esa ley cumplió con los requisitos y fue aprobada por las mayorías, conforme manda la Constitución.

Así lo reconoció la Corte Constitucional al expedir la sentencia de revisión en la cual no encontró vicios o desviaciones que desconozcan la Carta Magna. Luego, las demoras en su trámite en la Presidencia del Senado y las divergencias, en el tránsito hacia la Presidencia de la Cámara de Representantes para su notificación al Presidente de la República despertaron inquietudes, por fortuna superadas.

Ahora es el Fiscal General quien envía una carta al presidente Iván Duque pidiéndole que se abstenga de sancionarla por cuanto en su documentada opinión presenta serias discrepancias con la Constitución al dejar en el limbo la posibilidad de castigar a quienes hayan reincidido o persistido en la comisión de delitos después del 1 de diciembre de 2017. Además, el Fiscal advierte sobre el riesgo de crear peligrosos e insolubles conflictos de competencia entre la entidad a su cargo y la JEP, lo que no puede ser posible en un sistema jurídico como el nuestro, y así se hayan creado excepciones para permitir la terminación del conflicto.

Ese es el marco de la controversia que hoy se presenta, y que debe ser dilucidada por el presidente Duque. En la práctica, la decisión de sancionar la Ley le daría la viabilidad que requiere una legislación adoptada por razones estrictamente políticas para cumplir su objetivo. Lo contrario implicaría volver a empezar su discusión en el Congreso, y, en la práctica, detener la JEP al dejarla sin una estructura fundamental como es su reglamentación.

Está claro que ya no es una decisión sobre la constitucionalidad, por lo cual se encuadra en razones de conveniencia. O sea políticas. Es decir, si el Primer Mandatario considera que a nuestra Nación le conviene o no dar vía libre a la ley marco que aprobó el Congreso en el 2017, ello significa seguir adelante con el proceso para cerrar una de las etapas más amargas de Colombia o revivir la discusión y la polarización alrededor de la paz.

Y en el entretanto, ante la JEP desfilan los jefes de las Farc a rendir su testimonio, después de que ya lo hicieron las víctimas. Aunque existen respetables posiciones en uno u otro sentido, se trata es de darle el espaldarazo que se requiere a una decisión del Estado colombiano en su conjunto.

Ese es el último de los dilemas que plantea hoy la JEP al presidente Iván Duque.

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