El conflicto en el Cauca

El Estado no puede ignorar más el conflicto que se vive en el norte del Cauca por cuenta de quienes pretenden apoderarse a la fuerza de propiedades que les pertenecen legítimamente a sus dueños. En su ruin propósito, ahora se enfrentan con violencia a las comunidades de la región y a quienes defienden su derecho al trabajo, así como a proteger los lugares de los que derivan su sustento.

Esta semana se rompió el acuerdo alcanzado hace seis meses para detener las acciones de grupos que, bajo el argumento de su derecho ancestral a la tierra, invaden predios privados, queman cultivos y maquinaria, atacan a trabajadores e impiden las acciones de la Fuerza Pública. El hostigamiento armado a una hacienda dedicada al cultivo de caña en la vereda El Tetillo del municipio de Padilla, que según testigos fue cometido por indígenas, terminó con el asesinato de dos personas que realizaban labores agrícolas y con otras dos heridas de gravedad.

De acuerdo con registros oficiales, cinco mil hectáreas de tierras adquiridas conforme a la ley y respetando cada uno de los requisitos legales, han sido objeto de intentos de invasión en Colombia, en su mayoría por organizaciones indígenas. En el norte del Cauca los causantes de ese conflicto ya no solo atacan o se toman las propiedades y destruyen los bienes. Ahora se enfrentan a las comunidades asentadas por siglos en la región, como las afrodescendientes, que se dedican principalmente a labores agrícolas en el sector cañicultor y quienes defienden su derecho a trabajar y a permanecer en su territorio.

La protección de las tierras y la propiedad privada en el Cauca, así como de las poblaciones que se ven afectadas por los constantes hostigamientos, ha quedado en manos de la Fuerza Pública, que ve limitado su accionar a la hora de obligar al desalojo de los predios invadidos o para repeler a quienes usan la violencia para obtener sus propósitos. Mientras tanto, quienes cometen los delitos permanecen en la impunidad en nombre de derechos inexistentes y desconociendo el orden jurídico que rige en Colombia.

El Estado y el sistema de Justicia se han mostrado incapaces de ponerle fin a ese conflicto y sobre todo de hacer respetar los derechos a la propiedad privada, legítimamente adquirida, y a la libre empresa que consagra la Constitución Nacional. Tampoco ayudan en ese propósito el silencio del Gobierno Nacional sobre los hechos ocurridos recientemente, ni los discursos de quienes pretenden obtener favorecimientos políticos promoviendo las invasiones o utilizando como argumento los derechos excepcionales que se les han otorgado a las minorías étnicas del país.

Es muy grave la situación que se vive en el norte del Cauca derivada de las cruentas invasiones a predios particulares, como las tierras dedicadas a los cultivos de caña, y de los hostigamientos a las comunidades que laboran en ellos. Además de detener esas acciones violentas, hay que reclamar la intervención de las autoridades para hacer que prevalezca la Constitución, se garantice la seguridad y se mantenga la convivencia en la región, sin distingo alguno, tal como corresponde en un Estado de Derecho.