El Chocó, amenazado

El anuncio del Eln de suspender el paro armado que impuso en el Chocó desde hace cuatro días, no puede tapar la gravedad de lo que está pasando. Ya se perdió la cuenta de cuántas veces el grupo armado ilegal ha confinado a la población, la ha amenazado, la obliga a detener sus actividades cotidianas, mientras no le importa si las comunidades pasan hambre o se presentan emergencias. Es el chantaje que persiste aún en medio de negociaciones y acuerdos fallidos.

Esta vez fueron 30.000 los chocoanos que viven en cercanía a los ríos San Juan, Sipi y Cajón, en el sur del departamento, las que resultaron afectadas por el paro armado adelantado por el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, una de las estructuras del Ejército Nacional de Liberación, Eln, que opera en esa parte del territorio nacional. Lo sucedido es una bofetada al proceso de diálogo que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro con esa guerrilla, así como a los compromisos adquiridos en las seis rondas de negociación adelantadas.

Tal como sucedió con el secuestro de don Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano ‘Lucho’ Díaz, cometido también por un frente de esa organización subversiva y del cual el Comando Central del Eln solo tuvo conocimiento cuando los medios de comunicación lo divulgaron, con el paro armado en el Chocó queda claro que no hay una línea de mando ni una comunicación fluida entre las diferentes estructuras del grupo. Pretender que en esas condiciones se respeten los acuerdos, es una utopía.

El paro armado, que se espera sea levantado hoy, así como los que suceden una semana sí y la siguiente también en diferentes zonas del departamento, dejan además en evidencia la ausencia del Estado en la región más pobre, vulnerable y olvidada de Colombia. El abandono al que históricamente ha sido sometido el Chocó se convirtió en la puerta por la que se han colado grupos guerrilleros, paramilitares, el crimen organizado y la delincuencia común, y por supuesto la corrupción, que tienen asolado a todo su territorio.

Como sucede en todo el Pacífico colombiano, las soluciones no llegan y las Fuerzas Armadas no parecen tener la capacidad de reacción para evitar que los grupos violentos impongan su ley. Los paros armados se anuncian con anticipación y aun así las comunidades quedan expuestas sin que quienes deben velar por su seguridad, protegerlas y garantizarles la tranquilidad hagan lo necesario para impedir ese chantaje.

Tiene razón el Obispo de Quibdó, monseñor Mario de Jesús Álvarez, cuando afirma que lo sucedido en el Chocó es “una burla a lo que se determina en la mesa de negociaciones con el Eln”. Y va más allá al asegurar que en ese departamento están “vacunados contra cualquier expresión que nos asegure que vamos a salir de esto”. Es la desesperanza, en su máxima expresión, por los grupos violentos que atacan sin miramientos a la población y por esa ausencia del Estado que no tiene fin.

El Chocó se merece vivir en paz, necesita que el progreso llegue a sus comunidades sin que sus abundantes recursos naturales y los escasos recursos públicos que llegan les sean arrebatados. El Pacífico y Colombia así lo reclaman.