Derecho a un futuro

El reclutamiento de menores de edad para ponerlos al servicio de la violencia es la más vil y despreciable de las prácticas de los grupos armados ilegales en la guerra a la que someten a Colombia desde hace décadas. Además de transgredir los más elementales derechos de los niños y jóvenes, significa una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario.

Así sucedió con la masacre de cuatro menores en Putumayo a manos de un grupo de disidencias de las Farc. Según las denuncias de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Opiac, a los adolescentes los reclutaron a la fuerza, lograron escapar de sus captores y cuando estos los encontraron en una comunidad de la zona los asesinaron sin contemplaciones.

Es la respuesta mezquina de esas organizaciones violentas a la mano que les ha extendido el actual gobierno en su empeño por alcanzar la que ha llamado la ‘Paz Total’, que se da además en medio de un supuesto cese al fuego bilateral que, como se ve, no se ha puesto en práctica ni mucho menos respetado.

Hechos como el sucedido en Putumayo demuestra que el reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia sigue siendo un ejercicio común entre los alzados en armas, que no parece tener fin por muchos acuerdos de paz que se firmen. Ni siquiera son claras las cifras ni la suerte que corrieron los niños y jóvenes llevados a la fuerza a combatir con grupos ilegales en las siete décadas que completa el conflicto armado en el país, y mientras los voceros niegan que utilicen ese recurso, la realidad demuestra que ese recurso perverso se sigue utilizando.

Con seguridad se quedan cortos los datos entregados en días recientes por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, Uariv, que en un informe con corte al mes de abril de 2023 identificó 919 niños reclutados por grupos armados ilegales desde finales de 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz de La Habana con las Farc. La cifra se quedaría corta si se tiene en cuenta que hay 9512 menores, en su mayoría entre los 12 y los 17 años, incluidos en el Registro Único de Víctimas, sin que se conozca la suerte que corrieron muchos de ellos.

No hay departamento en el territorio nacional que se salve del reclutamiento forzado de menores de edad. Donde hay presencia de organizaciones criminales, bandas delincuenciales y grupos alzados en armas, se presenta esa práctica ruin, como se ha visto por ejemplo en barrios del oriente y laderas de Cali, así como en otros municipios del Valle donde la Defensoría del Pueblo ha lanzado en los últimos dos años varias alertas tempranas.

El Estado colombiano tiene la obligación de velar por su población más joven, brindarles protección a sus niños y adolescentes, ofrecerles garantías para que evitar que sufran el abuso de ser sometidos por grupos criminales o que sus vidas sean cegadas, como ocurrió en Putumayo, e impedir que sus derechos humanos sean violados. Ellos merecen crecer merecen tener la oportunidad de crecer y tener un futuro en paz.