Decisiones contra el terror

Nueve jóvenes asesinados y la tragedia que embarga a la comunidad de Samaniego en el departamento de Nariño demuestran de nuevo el horror que causan los grupos armados que se disputan del control del narcotráfico. Y confirman la necesidad de tomar medidas que protejan de manera efectiva el derecho a la vida y a la tranquilidad de los colombianos que viven en el Sur y en el litoral Pacífico.

Son organizaciones criminales que llevan años sembrando el terror y convirtiendo al Cauca, a Nariño, al Putumayo, a Chocó y a gran parte del Valle incluida Cali, en epicentro de sus actividades y de su guerra. Llámense disidencias de las Farc, Eln, nueva Marquetalia o delincuentes comunes patrocinados por carteles mexicanos, el efecto es el mismo: destrucción, muerte, pobreza y la desaparición de la Ley como factor para garantizar la paz a través del respeto de los derechos de cada persona.

Así llegan a las comunidades a imponer sus designios, cometiendo masacres como la de Samaniego: jóvenes que se encontraban reunidos son rodeados y baleados a discreción por que no acataron órdenes de los criminales. Y las autoridades que llegan después, debiendo dar explicaciones por lo que está sucediendo y asegurando que perseguirán a los autores de los asesinato mientras éstos preparan y ejecutan más y más crímenes.

Es como si la autoridad fuera a remolque de los delincuentes, debiendo explicar los homicidios de líderes sociales, de campesinos, de personas del común o de quienes de una u otra manera se han tenido que relacionar con los cultivos ilícitos para conseguir ingresos, para defender sus vidas. Por eso, un obispo de la región definió la situación como el reflejo de que Colombia es más territorio que Estado.

La masacre de Samaniego debe ser el punto de partida para cambiar la manera en que se está enfrentando el desafío de la violencia y el terror en el suroccidente colombiano. Ya no puede ser posible seguir reaccionando con consejos de seguridad posteriores a los hechos que son un desafío a la legalidad que deben defender las autoridades, o anunciando comisiones especiales para investigar los asesinatos y recompensas a quien dé informaciones que conduzcan a la captura de los autores.

La violencia que golpeó el pasado sábado Nariño y aparece con saña en los barrios de Cali demanda una respuesta efectiva del Estado. Para eso están las normas que permiten la acción de las autoridades y las excepciones que contemplan la Constitución y las leyes para perseguir a los criminales. Más aún cuando, como se está registrando en Nariño, en el Cauca, en el Putumayo o en el Chocó, imponen sus condiciones y esclavizan a ciudadanos inermes, obligando a una reacción apresurada y en muchas ocasiones tardía de la Fuerza Pública.

La solidaridad de todos los colombianos está con la familia de los asesinados y con la comunidad de Samaniego en Nariño, víctimas de la demencia asesina impulsada por el narcotráfico, la minería ilegal y los vacíos de autoridad. Pero también reclama del Estado la decisión que se requiere para recuperar al sur de Colombia de las garras del terror y el abandono.