Las mujeres en la agenda del país 2026-2030

En Colombia, las mujeres rurales trabajan largas jornadas y reciben apenas una parte de ese esfuerzo en ingresos. Muchas son clasificadas como ‘inactivas’, aunque sostienen buena parte de la economía del país. Su tiempo se reparte entre actividades productivas y de cuidado que rara vez son reconocidas, lo que limita sus posibilidades de generar ingresos propios y de consolidar proyectos económicos sostenibles.

Esa realidad no se queda en el campo. En las ciudades, miles de mujeres enfrentan restricciones similares, aunque bajo otras formas. Lideran micronegocios que operan con márgenes estrechos, acceden con dificultad a financiamiento y asumen de manera desproporcionada las responsabilidades de cuidado. Sus emprendimientos generan menos ingresos en promedio y encuentran barreras para crecer. En ambos contextos, rural y urbano, se repite un patrón: alta participación económica con baja capacidad de acumulación.

Desde la Fundación WWB Colombia hemos estructurado una serie de recomendaciones estratégicas orientadas a la inclusión, la equidad y el desarrollo del país. Estas propuestas recogen aprendizajes de más de cuatro décadas de trabajo en territorio y buscan ordenar capacidades existentes para avanzar con mayor efectividad.

El reto comienza en la base empresarial. Los micronegocios liderados por mujeres requieren condiciones que les permitan superar la subsistencia y avanzar hacia modelos sostenibles. Esto implica procesos de formalización simples, graduales y accesibles, acompañados de asistencia técnica pertinente.

El acceso a activos también define las posibilidades de crecimiento. En el campo, la titulación con enfoque de género fortalece la autonomía económica, habilita el acceso a crédito y amplía la capacidad de decisión sobre la producción. En las ciudades, activos como el historial financiero o la estabilidad de ingresos cumplen un rol equivalente.

La conexión con los mercados requiere, además, mayor profundidad. Integrar a los emprendimientos liderados por mujeres en cadenas de valor en condiciones competitivas permite avanzar hacia modelos más sostenibles. Este paso resulta clave para superar esquemas de subsistencia y construir trayectorias empresariales de largo plazo.

El cuidado atraviesa todos estos frentes y sigue operando como una de las principales restricciones estructurales. Su peso en la vida cotidiana limita el tiempo disponible para actividades productivas y reduce el crecimiento. Abordarlo como infraestructura —a través de modelos comunitarios, financiación adecuada y articulación con las dinámicas laborales— permite liberar tiempo y ampliar las oportunidades económicas, especialmente en territorios donde la oferta institucional es limitada o inexistente.

En el ámbito financiero, el uso de datos transaccionales abre nuevas posibilidades para cerrar brechas. Permite construir historiales crediticios más precisos y ampliar el acceso a financiamiento en condiciones más equitativas, superando barreras asociadas a la informalidad. A esto se suman instrumentos de gestión del riesgo, como los microseguros, y servicios de salud adaptados a las realidades territoriales, que contribuyen a sostener la actividad productiva en contextos de alta vulnerabilidad.

Todo esto exige una base sólida de información. Incorporar variables de género, etnia y territorio en los sistemas de datos permite comprender mejor las dinámicas económicas y orientar con mayor precisión la inversión pública.

El país entra en un momento decisivo, en el que se define la agenda de desarrollo para 2026–2030. Este punto exige reconocer el valor del conocimiento acumulado y de las propuestas que surgen desde la experiencia. Colombia cuenta con aprendizajes, modelos validados y actores con capacidad de implementación. El desafío está en convertir esa base en una acción sostenida, con prioridades claras, continuidad en el tiempo y coordinación efectiva entre sectores.

La autonomía económica de las mujeres debe ocupar un lugar central en la agenda. Su fortalecimiento incide directamente en la productividad, en la estabilidad social y en la calidad del crecimiento. Incorporarla como eje de política económica implica reconocer que el desarrollo también se define por la forma en que se distribuyen las oportunidades y por quiénes participan en su construcción.