Propietarios malas personas

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Propietarios malas personas

Julio 12, 2020 - 11:55 p. m. Por: Guillermo Puyana Ramos

En todas partes se anuncian cierres de negocios porque los empresarios pequeños y medianos no aguantaron la falta de liderazgo del Gobierno en tres aspectos que demandaban medidas legales reales y efectivas: la reducción o eliminación temporal de impuestos, la suspensión o reducción de los arrendamientos y la suspensión temporal de algunas de las protecciones a la nómina y el empleo. Tres áreas en las que era necesario darle respiro a las empresas porque la anormalidad extraordinaria imponía medidas especiales.

Frente a los impuestos estamos ante una situación que ya bordea lo inmoral, sobre todo con el anticipo del impuesto a la renta porque tendremos que pagar una cifra de la renta del próximo año sobre unos ingresos que ya no se producirán. El Gobierno no tuvo el carácter para eliminar siquiera el anticipo y se limitó a modificar los plazos, pero los empresarios tendrán que pagar de una caja inexistente y de todas maneras la primera cuota la cobraron en medio de la pandemia como si no existiera y las empresas no estuvieran ya muy débiles.

Lo laboral es más sensible, porque Colombia se siente muy orgullosa de un modelo legal de protecciones a veces superiores a lo que su realidad económica justifica, creando áreas cada vez más amplias e infranqueables de protecciones laborales reforzadas que en el fondo han debilitado el crecimiento del empleo formal. Por eso hay tanto ‘empleo’ informal o disfrazado de contratos de servicios. En la crisis resultó más barato indemnizar que mantener las nóminas en estándares de supervivencia de acuerdo con la situación económica de la pandemia.
Los decretos del Gobierno fueron paliativos menores y en general relegó la solución a acuerdos entre empleadores y trabajadores y a diferir cualquier problema a la Justicia, es decir a no resolverlo. El resultado neto es la impresionante pérdida del empleo que ya está midiéndose en niveles escandalosos.

Capítulo aparte merecen los terratenientes urbanos, los arrendadores, que son rentistas de propiedades que en general se han dividido informalmente, por encima de las normas de planeación, para arrendar áreas pequeñas a negocios como papelerías, salones de belleza, misceláneas y comidas entre otros. Estos propietarios maximizan la renta en una estrategia de división informal de la propiedad. Hay casos mayores, como enormes casas muy bien ubicadas en esquinas y locales para negocios de más perfil.

Las historias son legión y están por todo el país, hace poco los hermanos Rausch explicaron el cierre de varios de sus negocios señalando como uno de los factores que los costos de los arrendamientos se mantuvieron como si estuvieran ganando normalmente. El Gobierno pudo adoptar una norma obligatoria que equilibrara las cargas y no lo hizo, dejó el asunto a la buena voluntad de las partes o a una posterior decisión de un juez, es decir, repito, no resolvió el problema sino que lo dilató o lo escondió.

Sin desconocer excepciones que merecen destacarse, los propietarios no fueron solidarios, no rebajaron ni suspendieron la jugosa renta que recibían de los pequeños negocios y se enfocaron en satisfacer su codicia. Para muchos arrendatarios fue mejor indemnizar que buscar mantenerse con las cargas de arrendamiento intactas.

Hoy hay miles de pequeños negocios cerrados que no volverán a abrir en los meses cercanos. Los arrendadores no la tendrán fácil y vivirán el predicamento de tener que ver cómo pagan los costos de la tierra sin sus socios naturales que eran los arrendatarios. La idea era pensar en todos como una parte y no lo hicieron, la falta de solidaridad en circunstancias tan críticas es un escupitajo en el propio zapato.

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