Petro sin Kriptonita

Antes de usar su principal superpoder, lanzar a la gente a las calles para que le demuestren al establecimiento que obstruye sus propuestas que lo apoyan, el presidente Gustavo Petro usó otros poderes que no son de ninguna manera menores, para que se vea qué tan grande es el poder presidencial en Colombia.

Uno de esos poderes es el regulatorio, a través de alguna de las entidades de la constelación estatal en mil áreas, sea servicios públicos, financiero, cámaras de comercio, energía e hidrocarburos. Otro superpoder es el financiero, que se manifiesta básicamente de dos maneras: condicionar la financiación de la Nación en los proyectos de Bogotá a que se haga lo que el presidente quiere, o los subsidios, adobados con todo tipo de razones: el alza del dólar, la paz total, el invierno, otra protesta. No tengo idea de cuántos subsidios ha prometido, es imposible seguirle el ritmo.

También puede cambiar normas para repotenciar poderes actualmente débiles. En la polémica sobre el Metro de Bogotá que la alcaldesa claramente le está ganando, el Presidente tiene una limitación legal de la cofinanciación del 70%. Perfectamente puede modificar la ley, cosa que supongo hará en la próxima legislatura en el Plan de Desarrollo al que le cabe de todo, hasta un bus de lado. Para eso el gobierno tiene a los partidos de la coalición amarrados legalmente sino que a los que podrían ser más díscolos como el conservador y el liberal, los tiene por donde más les duele: la burocracia.

El poder del Presidente se ha hecho sentir en todo. Ha arrodillado gremios, empresas, partidos políticos. La voz de la alcaldesa Claudia López es aislada y circunstancial, limitada a lo del Metro porque la Alianza Verde es partido de gobierno.

Con la mayoría partidista sujeta a la condición de ser del gobierno, las supuestas fisuras y rencillas entre los congresistas y líderes del Pacto Histórico y los otros partidos de izquierda de la coalición son cosméticas por feas que se vean en las redes y los medios. Con la actual configuración de la oposición, es improbable que por ahí venga algo más que debates de control político y votaciones minoritarias en el congreso. No son la Kriptonita de Petro, pero tienen que seguir cumpliendo su función.

Realmente han sido los jueces los que se han encargado de ponerle límites al poder presidencial, y son quienes decidirán sobre la constitucionalidad y la legalidad de las normas que expresarán en la realidad ese poder. Los organismos de control también se le han plantado en temas concretos.

Y justo ahí es donde la cosa se pone preocupante. Como la reelección presidencial se aprobó en 2004, sin considerar la estructura general del equilibrio de poderes en cuanto a los periodos de jefes de organismos de control y magistrados de altas cortes, terminamos con una situación indeseable en la que el Presidente tiene injerencia directa o a través de la coalición parlamentaria en la elección del Procurador y el Contralor, elabora ternas para elegir fiscal general de la nación y magistrados ante la Corte Constitucional. Cuando la reelección se declaró inconstitucional, no se tomó ninguna medida para restablecer el equilibrio.

Este año Petro deberá enviar terna para fiscal general y en 2024 para procurador; antes de terminar su mandato cambiarán cinco magistrados de la Corte Constitucional, dos de ellos postulados por el presidente y todos elegidos por un Congreso de gobierno.

El poder presidencial de la era Petro se manifestó de forma controversial en las últimas semanas. Pero su dimensión real y cómo lo ejercerá apenas está gestándose.