Hombre que denunció a concejal Patricia Molina dice que recibió amenaza de muerte

Hombre que denunció a concejal Patricia Molina dice que recibió amenaza de muerte

Noviembre 14, 2018 - 04:07 p.m. Por:
Redacción de El País
Patricia Molina, concejala de Cali.

Patricia Molina, concejala de Cali.

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Carlos Andrés Ríos, el hombre que denunció en octubre pasado a la concejal Patricia Molina porque supuestamente se quedaba con el 80 % de su salario, dice haber sido amenazado este martes.

De acuerdo con la denuncia de Ríos, desconocidos dejaron en la puerta de su casa un ramo de rosas fúnebres con una cinta blanca que llevaba su nombre y una bala.

"Voy para la Sijín con todo lo que me dejaron para que hagan la noticia judicial", explicó Ríos, quien además contó que este jueves  tiene cita en la sede de la Fiscalía General en Cali para ampliar sus denuncias.

Según el hombre, esta sería la cuarta vez que es intimidado. Anteriormente había sido alcanzado por hombres en una motocicleta que le dijeron "sapo" mientras le apuntaban con una pistola.

Denuncias

Ríos es el funcionario que aseguró que la concejal Molina le retenía su nómina y usaba más del 80 % de su sueldo.

El hombre, quien trabajó para Molina en la campaña al Concejo, relata que suscribió un contrato con esa Corporación en enero del presente año y se extiende hasta el próximo mes de diciembre.

Carlos Andrés Ríos Patricia Molina

De acuerdo con la denuncia de Carlos Andrés Ríos, desconocidos dejaron en la puerta de su casa un ramo de rosas fúnebres con una cinta blanca que llevaba su nombre y una bala.

Cortesía para El País

"Después de yo dar apertura a la cuenta bancaria, ella dice que debo entregarle la tarjeta y yo desconociendo la normativa accedo, pero cuando llega el sueldo lo que me espera no es el pago real del contrato (que son $2.528.650) sino $500.000 en efectivo y no se firmaba ni un recibo donde probara que ella me daba ese dinero", contó.

Ríos, quien cursó Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Bolivariana, expresó que le hizo el reclamo a la concejala sobre el pago y ella respondió que debe "pagar deudas" que le dejó la campaña al Concejo.

"Ella dice que no se puede porque debe más de 150 millones de pesos en su campaña que tiene otras obligaciones financieras y se le es difícil, entonces yo le digo que yo entiendo la situación de mantener una curul y que por lo menos accedamos llegar al mínimo pero ella no acepta”, explicó.

Lea también: 'Escándalo en el Concejo de Cali: más denuncias sobre 'cobros' a empleados'.

Ante la respuesta de la concejala, Ríos Lucumí bloqueó la tarjeta y descarga la aplicación de la banca móvil, "veo que quedan $589.000 y retiro lo que queda, y ella a los días me llama y me dice que yo soy un abusivo por que bloquee la tarjeta y cogí una plata que no era mía y además me dice que soy un ladrón y llama a otros amigos y le dice lo mismo, eso me molestó mucho porque yo nunca he robado ni robaré a nadie”.

La defensa

Según la cabildante Molina, la acusación hace parte de una situación de "desprestigio, persecución y montaje".

"Niego rotundamente los señalamientos que se están haciendo en mi contra, los reprocho, no son ciertos, demostraré que nunca he exigido a nadie ninguna suma de dinero, no me he apropiado de nada que no me corresponda, no es mi estilo, mi lucha es por el pueblo y el pueblo lo sabe", explicó en el comunicado que publicó en su cuenta de Facebook, luego de manifestar que no iba a dar declaraciones por instrucciones de su abogado.

"Mi lucha por los mas débiles, contra la corrupción y las injusticias, no cesará, por el contrario, me hace mas fuerte, impulsándome a seguir con más firmeza", expresó.

Investigación

Por este caso, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, abrió investigación disciplinaria contra la concejala Molina.

El Ministerio Público busca determinar si Molina Beltrán pudo incurrir en falta disciplinaria, al apropiarse presuntamente de la tarjeta débito de
Ríos Lucumí, y usarla indebidamente al retirar dinero del pago mensual de sus servicios y solo entregarle $500 mil.

La Procuraduría General decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria.

El ente de control dio instrucciones a sus delegados en todas las regiones para que indaguen si conductas similares se estarían repitiendo en otras zonas del país.

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