Escándalo en el Concejo de Cali: más denuncias sobre 'cobros' a empleados

Una nueva denuncia por presuntos hechos de corrupción, en contra de la concejal de Cali Patricia Molina, fue conocida por El País.

William Sánchez Lenis asegura que la concejal del Polo Democrático se quedaba con parte del salario que él devengaba como contratista de nivel técnico en esa Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Relató que en su contrato decía que cada mes debía recibir $2.700.000 “más o menos”, pero que él tenía que entregarle a ella “casi $800.000”.
Molina vociferaba —sostiene Sánchez— que esa plata era de ella y que mantenía con muchas deudas, “que si nos gustaba así bien; sino, que nos fuéramos. Que un técnico en la calle se gana mucho menos de lo que yo me iba a ganar. Por necesidad acepté”.

Sin embargo, el trabajo con la concejal era “asfixiante”: “En agosto de 2017, después de estar cinco años trabajando con ella, le dije que ya estaba cansado de su grosería, que ya no quería trabajar porque ella era muy déspota. Me contestó que me fuera de inmediato, pero no quise porque el contrato se acababa en diciembre. Ahí tuvimos problemas”.

Sánchez relata que además de trabajar con Molina, para esa época estaba en un seminario para convertirse en sacerdote, pero ante su negativa a dejar el cargo, ella lo amenazó: “Me dijo que si no renunciaba ya, iba a llamar al seminario a contar que yo era gay para que me echaran. Tuve que firmar la cancelación del contrato”.

Pero las denuncias de Sánchez no paran ahí. Él dice que aunque los concejales tienen la posibilidad de contratar a sus empleados por nómina que es cubierta por el Concejo, Molina a todos sus colaboradores los tiene bajo la figura de prestación de servicios (PS).

Precisa que cuatro personas son trabajadores reales, es decir, desempeñan funciones dentro del Concejo de Cali y que los otros son personas a las que les paga $500.000 al mes para que presten su nombre y ella pueda hacer uso de ese dinero que les otorga la ley.

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Al ser consultada por esta nueva denuncia, la concejal no quiso responder. Se mostró sorprendida por el relato de Sánchez y aseguró que responderá por la vía jurídica.

Ya el pasado miércoles, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra de la concejal caleña “por presuntamente apropiarse del 80 % del sueldo” de Carlos Andrés Ríos Lucumí, quien fue contratado en enero pasado para diseñar estrategias de comunicación en las comunidades y con medios alternativos.

Según el documento, Ríos estaba contratado por doce meses y debía recibir cada mesada por valor de $2.528.650. Pero él, con pruebas en mano, asegura que Molina le exigió la tarjeta débito y era quien hacía los retiros en el cajero automático y le entregaba únicamente $500.000.

Quedarse con parte del salario de sus empleados o con el de los ‘amigos’ ni es nuevo entre los concejales de Cali ni parece ser una práctica exclusiva de la concejal del Polo Democrático Patricia Molina.

Sin embargo, son pocos como William o Carlos Andrés quienes hacen la denuncia pública. La mayoría de las víctimas se escuda para guardar silencio en el temor de perder el trabajo y algunos, hasta la vida.

Carlos Andrés Ríos, por ejemplo, dice que desde septiembre —mucho antes de hacer público su caso— empezó a recibir amenazas. Un día, incluso, dos hombres en moto le gritaron que “si seguís de sapo te van a encontrar con la boca llena de moscas”. Dice que no puede atribuir esa persecución a sus discusiones con Molina, pero ya alertó a la Policía.

Otros empleados del Municipio, de las Empresas Municipales (Emcali) y del Concejo que llegaron a esos cargos a través de concejales hacen denuncias con la petición de mantenerse en el anonimato.

Del concejal del Centro Democrático Roberto Rodríguez dicen que cobra un millón de pesos mensuales a quienes ayudó a “ubicarse” en Emcali. De Juan Pablo Rojas, hijo del exconcejal Uriel Rojas, cuenta que se queda con “un peaje” de $500.000 por cada una de las personas que trabajan en el Concejo o en el Municipio y que esa ‘labor’ de presión la ejecutaba Octavio Ramírez, subsecretario de Mantenimiento Vial hasta septiembre pasado.

Hay otros casos en el que los políticos obligan a sus empleados a hacer créditos bancarios para comprar vehículos. Así, el concejal se queda con la propiedad y el contratista con la deuda.

Los favores no solo se pagarían con dinero. Un concejal que pidió la reserva de su identidad contó que sabe de mujeres a las que han llamado a las oficinas a plantearles “transacciones sexuales”.

Sin embargo, asegura que a lo largo de los años que lleva como concejal son muchas las cosas que ha escuchado en los pasillos, pero advierte que “las denuncias anónimas son parte de una infamia”.

De la concejal liberal Clementina Vélez aseguran que exige fondos para la fiesta que hace el fin de año, con dinero o en especie; o que aporten para el mercado con el que se preparan los almuerzos que se reparten a diario entre sus empleados.

También se asegura que el concejal conservador Fernando Tamayo obliga a sus empleados de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a que compren rifas que a veces, cada una, alcanza valores de $50.000. y que de allí se sirven líderes comunales que después le aportarán votos en temporada de elecciones.

Por Acuerdo Municipal cada concejal de Cali tiene una Unidad de Apoyo Legislativa (UTL) que alcanza un monto de hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, $19.531050 cada mes, para distribuirlo entre las personas que trabajen con él.

Pueden contratar por nómina o hacerlo por la modalidad de prestación de servicios (PS). En cualquiera de los casos cada cargo tiene un salario asignado: Profesionales especializados son contratados por $5.700.000; auxiliar administrativo $2.600.000; administrativo tipo 1, $1.593.000. Si es técnico, $1.347.000.

Sin embargo, una fuente dentro del Concejo explica que con los PS se puede hacer “todo tipo de triquiñuela; con los de nómina, no”. Por eso, muchos cabildantes combinan las formas de contratación.

La concejal Clementina Vélez responde ante las denuncias que ella tiene a toda su Unidad de Trabajo Legislativo por nómina y que jamás les ha pedido un peso. “Hago dos reuniones en el año, una de ellas el plato navideño, que incluye el plato para cada invitado y a los líderes. Ni modo de decir que les pido trago, porque en mis fiestas no se consume licor”.

Mientras que el concejal del uribismo Roberto Rodríguez afirma que la lluvia de denuncias es “una casería, buscando a quién involucrar”.

Explica que él le hace oposición al Gobierno local y por ello no tiene la posibilidad de tener personas dentro de la Administración Municipal. “A mí sí me encantaría que alguien que quiere denunciar lo haga porque es la única manera de romper esa cadena de corrupción. Si nos quedamos en rumores, no ocurre nada”.

Dice que a él le han llovido críticas por decir en plenaria que, en medio de sus grandes diferencias políticas y filosóficas con Molina, le “entristece que le llegue esta calamidad, que Dios y la Virgen la proteja”, y aclaró que eso no es un respaldo.

Reveló que él sí tiene 46 “amigos” en las Empresas Municipales, pero no son cuotas suyas, sino “gente que ha llegado allí porque me apoyan en mi labor política”.

Sobre las rifas que le atribuyen para cobrar favores a los contratistas, Fernando Tamayo dice que todo es falso. Cuenta que en la Alcaldía hay cerca de cien contratistas que son afines a su labor política y que en su Unidad de Trabajo Legislativa hay ocho personas, pero “como están las cosas con el Alcalde, la gente se queda en el cargo no por recomendación, sino porque rinde. La gente se sostiene por su trabajo”.
Asimismo, exige que se hagan las denuncias con soportes porque, de lo contrario, “terminan pagando justos por pecadores”.

Admite que sí hay casos de compañeros que buscan a personas de confianza para que presten sus nombres y firmen contratos para recibir el sueldo del UTL sin que vayan a trabajar.

Y aunque El País no logró establecer contacto con el concejal Juan Pablo Rojas, sí contactó a Octavio Ramírez, quien negó todo lo que se les atribuye: “Si hay alguna prueba contra mí que la saquen. Ahí sí qué hacemos... que la autoridad investigue. Ahí me tienen con la salida de la Secretaría muy mal y no tengo nada qué decir al respecto”.

En septiembre pasado se conoció que el viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés González, abrió indagación preliminar contra el representante a la Cámara por Nariño Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, por la presunta exigencia de parte del salario a un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo.

La denuncia que hizo Jhaír Mena y explicó que le habrían exigido parte de su salario cuando apenas culminaba el primer mes de vinculación laboral con la UTL del representante Estupiñán Calvache, bajo la supuesta amenaza de poner fin a la vinculación laboral.

La Procuraduría dijo que con la investigación busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, identificar plenamente a los presuntos responsables y establecer si se ha actuado bajo el amparo de una causal excluyente de responsabilidad. Entre las pruebas decretadas está la declaración del Mena y una visita especial a la Corte Suprema de Justicia, donde el denunciante aseguró haber informado la presunta exigencia de dádivas.