Dura advertencia desde Procaña: Incertidumbre jurídica y catastro impagable frenan al campo colombiano

En el marco de la asamblea anual de asociados a la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña), el encuentro giró en torno a la seguridad jurídica que viven actualmente los productores de la caña de azúcar y sus derivados.

Las voces que se escucharon en el recinto fueron la del invitado, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, así como la de los panelistas Lorena Garnica, abogada de Veria Asociados; Andrés Guerra, senador de la República; Marco Antonio Carabalí, cultivador del norte del Cauca; y Jorge Bedoya, presidente de la SAC.

El primero en tomar la palabra fue el magistrado Jorge Ibáñez, quien se refirió a la seguridad jurídica y el marco constitucional necesario para el desarrollo del sector cañero con garantías incluso de seguridad y orden público.

Según el magistrado Ibáñez, el progreso del campo colombiano depende de una “tríada de seguridad” que consta de la física, la jurídica y la alimentaria. Para el jurista, este equilibrio es el pilar fundamental que permite garantizar un desarrollo rural sólido y sostenible.

“Sin seguridad física no existen condiciones materiales para producir, sin seguridad jurídica no hay incentivos para invertir ni confianza en el orden constitucional, y sin seguridad alimentaria se debilita la estabilidad social económica”, resaltó.

Además, señaló que trabajar el campo en Colombia históricamente ha sido un reto debido a la “grave dificultad con motivo de la expansión de las estructuras criminales de distintas naturalezas, unas de alto impacto, otras estructuras criminales dedicadas principalmente a la toma de buenas partes de las poblaciones y con ellas en los territorios urbanos y rurales que son los más importantes para la realización de sus objetivos totalmente ilícitos".

Retos del sector cañero en Colombia

Ya en la participación de los panelistas, sin duda uno de los temas que estuvo en el centro del debate fue el catastro multipropósito, el cual estaría afectando la expansión y consolidación del sector cañero, especialmente de los pequeños campesinos ubicados en el sur del Valle y norte del Cauca.

Esa modificación (catastro) no fue trivial; básicamente terminó con la política pública. Lo que terminó ocurriendo fue que volvimos el catastro una herramienta meramente fiscalista. Y en la práctica, ¿en qué se traduce en términos de seguridad jurídica? Tenemos ciudadanos en Saravena, Arauca, en las que el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) dijo que era posible al 30 de diciembre del año pasado que su avalúo catastral se subiera 2.5 millones por ciento. No es un error de tipografía, no es un error de mecanografía: 2.5 millones por ciento", enfatizó Lorena Garnica, abogada de Veria Asociados.

Acto seguido, en su intervención, el senador por el Centro Democrático, Andrés Felipe Guerra, aseguró incluso que el cobro de catastro se ha politizado en el país A su criterio, debido a una persecución del gobierno Petro a los “terratentientes”, especialmente de la caña.

“Gustavo Petro trató de hacernos una reforma estructural, la comunicó mal, la implementó peor y, tratando de buscar ideológicamente a los terratenientes, se está llevando por delante al campesino colombiano”, argumentó el legislador.

Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), fue claro en resaltar que el sector necesita seguridad, inversión y, sobre todo, un marco jurídico que brinde garantías.

“Si no tenemos seguridad jurídica, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Y si no hay empleo, hay hambre. Por eso, esa tríada de la que habla el magistrado Ibáñez es fundamental para el desarrollo del campo colombiano”, subrayó Bedoya.