Asamblea de Procaña: Magistrado Jorge Ibáñez advirtió sobre inseguridad jurídica y estructuras criminales en el agro

En la tarde de este jueves, se llevó a cabo la LIII Asamblea Anual de Afiliados de Procaña en Cali, un encuentro que abordó la urgencia de aplicación de seguridad rural, invasiones, quema de cultivos y el futuro del campo.

Al evento asistió el magistrado de la Corte Constitucional de Colombia Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien habló sobre los mayores riesgos jurídicos que enfrenta la propiedad privada rural en diálogo con El País.

El magistrado señaló que actualmente existe una “grave dificultad con motivo de la expansión de las estructuras criminales de distintas naturalezas, unas de alto impacto, otras estructuras criminales dedicadas principalmente a la toma de buenas partes de las poblaciones y con ellas en los territorios urbanos y rurales que son los más importantes para la realización de sus objetivos totalmente ilícitos".

Seguido, Ibáñez afirmó que una de las mayores preocupaciones está relacionada con la falta de presencia estatal en varias regiones del territorio nacional.

“Esa es la gran preocupación que tenemos en este instante, la falta de seguridad que se genera precisamente por la ausencia de pie de fuerza en buena parte del territorio tomado por estas estructuras criminales“, señaló el funcionario.

De acuerdo con su pronunciamiento, también existen dificultades relacionadas con el despojo y la restitución de tierras, además de los problemas que enfrentan quienes recuperan sus predios.

“Y, por supuesto, partir de ahí fuera del despojo y la imposibilidad de la restitución de las tierras, adicionalmente la dificultad para los propietarios o los poseedores luego de recuperarlas y lo que genera una inseguridad jurídica que a su turno se refleja en una situación de sobreincertidumbre para el país”, añadió.

Frente a las inquietudes de productores agropecuarios sobre posibles cambios en las reglas del sector del agro, Ibáñez aclaró que no hablaba en representación oficial de la Corte Constitucional, aunque explicó cuál es el papel de las altas cortes frente a la seguridad jurídica.

“Yo no soy el vocero en este instante de la Corte, lo es la presidenta de la institución, pero yo, como magistrado de esa corporación, encuentro que le corresponde al legislador en todo caso adoptar las medidas que corresponden para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica", declaró.

Asimismo, defendió la función de control constitucional que ejerce la Corte junto con otras instituciones judiciales: “A nosotros nos corresponde hacer el control de constitucionalidad de las normas con fuerza de ley, entre otras cosas para garantizar la estabilidad institucional y la seguridad jurídica del país, y lo estamos haciendo conjuntamente, como lo hace también el Consejo de Estado en su labor de control sobre la actividad pública”.

Frente a la incertidumbre que genera el proceso de la reforma pensional, la cual está frenada por la Corte, Ibáñez se abstuvo de pronunciarse sobre el tema: “Yo no le puedo informar absolutamente nada sobre eso”.

Cabe destacar que el magistrado Ibáñez compartió un discurso con los asistentes al evento, y ahí enfatizó que la función de la rama judicial está relacionada con la protección del Estado de derecho y la preservación de las garantías democráticas.

“La rama judicial del Poder Público, cuya función principal justamente es garantizar y preservar el estado de derecho, garantizar y preservar el orden constitucional, garantizar y preservar la democracia y garantizar y preservar el futuro, así como el presente, pero sobre todo el futuro de nuestro país”, sostuvo.

Ibáñez también destacó la importancia de la participación del sector privado en la construcción institucional del país.

“Con ustedes, el sector privado, construir, mantener y preservar ese orden constitucional que de entrada garantiza unos elementos sustanciales desde la Constitución, no solamente un sistema político como es el que se consagra en la Carta Constitucional, que es el territorio, un sistema de gobierno presidencial pero no autoritario y adicionalmente un sistema de carácter territorial o un elemento territorial donde prima la autonomía de las entidades territoriales”, concluyó.