¿Se podrá reparar a todas las víctimas del conflicto? Responde el director de la Unidad de Víctimas

"El primer día que le conté toda la historia al Presidente dijo: ‘uy, hacen falta 60 años’, cuenta Ramón Alberto Rodríguez, refiriéndose al tiempo que falta para que expire la ley a través de la cual se debe reparar a las más de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto armado en el país.

Él, recién posesionado en la Dirección Nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reconoce que esa misión puede costar alrededor de $44 billones y que no hay recursos para cumplirla, por lo qute tiene la tarea de “organizar” la casa en busca de más fondos.

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Tras siete meses como encargado, por fin se acaba de posesionar oficialmente en el cargo. ¿Qué misión tiene?

Lo primero que me pidió el Presidente fue organizar la casa, revisar cada proceso y el presupuesto: hacer reducciones en la contratación, mirar qué se puede avanzar en metas de indemnización y cumplir con los sujetos de reparación colectiva y la atención de las emergencias.

¿Y en este tiempo la entidad ha estado paralizada por la falta de titularidad?

No. Todos los procesos se han mantenido. Hemos buscado mejorar cada uno de los procesos y pensar en ahorros. El año pasado atendimos 76 emergencias humanitarias en todo el país, teniendo en cuenta que la inmediatez la atienden los entes territoriales, pero luego aparecemos nosotros en solidaridad ante emergencias como las sucedidas en el Catatumbo, Nariño, Chocó. En estos temas tenemos una efectividad del 84%, solicitud que llega, se valora y se avisa si se va a pagar o no. Estamos buscando hacer el uso racional de este recurso porque de Acción Social llegamos con un remanente de más de $300.000 millones y pagamos al año un billón de pesos de ayuda humanitaria porque toda solicitud que llegaba, se pagaba. Ahora hacemos proceso de verificación, de cruce de bases datos y le hemos suspendido a más de 1.200.000 víctimas la ayuda humanitaria.

¿Y ellas cómo han asumido eso?

Tocó hacer la socialización con las Mesas Municipales y la Nacional y fue muy duro porque fue darle manejo al asistencialismo en que se puede volver la ayuda humanitaria, que tiene dos componentes: alojamiento y alimentación, y no son discutibles en la primera fase. Sucede la emergencia, viene el proceso de registro y cuando ya empieza la responsabilidad de la Unidad frente al pago, se verifica a quién se entrega y a quién no. Las víctimas entendieron que esa fase de ayuda es para las personas que de verdad lo necesitan: el primer año lo entregamos automáticamente y ya después hacemos la medición de subsistencia mínima para ver si lo necesitan.

¿Cómo están las estadísticas de atención a las víctimas en el Valle y el país?

Tenemos pagos de indemnización por $296.000 millones, que corresponden a 41.627 giros de ayuda humanitaria. A nivel nacional tenemos 917.000 víctimas indemnizadas y 952.000 giros, porque hay víctimas que han recibido más de una indemnización. Estamos buscando que por lo menos a cada víctima se le se le indemnice un hecho victimizante. El Plan Nacional de Desarrollo anterior tenía una meta de 400.000 indemnizaciones, se logró cumplirla y para este nuevo Plan queremos llegar a 500.000, lo que significa hacer ahorros al interior de la entidad. Muchas inversiones que íbamos a hacer con recursos del presupuesto propio y que podemos conseguirlos con el Fondo Multidonante, a través de los municipios de los PDET donde hay sujetos de reparación colectiva, los trasladamos al pago de indemnizaciones.

¿Y será suficiente?

También estamos pidiéndole a Planeación Nacional la revisión de un decreto para hacer el ajuste en los pagos de las indemnizaciones. La ley nos habla de hasta 40 salarios mínimos y nosotros estamos pagando ese ‘hasta’. Es diferente que en un municipio se presente un combate y las víctimas se desplacen una hora, a los que tienen que desplazarse toda la vida.

Lo otro es que mantienen el mismo presupuesto. El año pasado tuvimos $1,8 millones y para el 2019 nos dejaron lo mismo. En este momento estamos garantizando tener el presupuesto para seguir pagando al menos las cien mil indemnizaciones que venimos haciendo anualmente. De igual forma, lo que no tengamos comprometido y contratado a agosto en la entidad, lo trasladamos de una vez a indemnizaciones.

¿Entonces cuál es el universo total de víctimas a reparar?

En el registro son 8.700.000, pero cuando se revisa tenemos cerca de 7.000.000, de las cuales hemos avanzado con 915.000 víctimas en casi ocho años y es una realidad que no se va a alcanzar a repararlas a todas si seguimos a ese ritmo. Por eso el Presidente nos ha pedido que hagamos cosas novedosas, porque sabemos que ese universo, bajo el escenario actual, fácilmente puede costar $44 billones. De las últimas reformas tributarias fueron $8 billones lo que se pudo recoger a través del Ministerio de Hacienda. Lo que estamos buscando es que los 44, con el ajuste en el Decreto, puedan bajar a $25 billones. Pensando en que la ley se acaba, el Presidente ha pedido: ‘Avancemos en esos cuatro años lo que más se pueda en el pago de indemnizaciones’ y adicional a eso estamos trabajando en la prórroga de la ley, el Presidente lo ha asumido en los Talleres Construyendo País: ‘Vamos a hacer la prórroga de la ley, pero no generándole más expectativas a las víctimas, sino de forma responsable, para poderles cumplir’.

¿Y por cuánto se tiempo se extendería?

Estamos contratando dos constitucionalistas que nos ayuden a revisar toda la regresividad de derechos frente a las víctimas. Buscamos la balanza entre recursos y tiempo. Si tenemos plata, pues va a ser menor el tiempo, pero si en este momento me dieran los $44 billones no alcanzaríamos en el 2021, porque en tres años no alcanzamos a hacer toda la documentación para los pagos. El primer día que le conté toda la historia al Presidente dijo: ‘uy, hacen falta 60 años’, otros dicen 80. Nosotros hablamos de que con 10 años más de vigencia, si se garantizan todos los recursos, se les puede cumplir a todas las víctimas.

A usted le tocó la tarea de explicarles a las víctimas que el Gobierno quería cambiar la Ley Estatutaria de la JEP. ¿Qué argumentos utilizó?

Lo que se quiere es que exista la verdad y escuchar a las víctimas. El mecanismo, la JEP, no ha sido el más eficiente y no ha mostrado resultados tempranos. Ha tenido una serie de inconvenientes, como el tema de las contrataciones, y no ha mostrado al menos una condena simbólica y eso ha generado desconfianza en las víctimas. Queremos que exista justicia, pero con verdad, y esa es la única forma de construir la paz.

Cuando veo las 280.000 cajas de archivos que tenemos en la Unidad, digo: ojalá pudiéramos tener ya todo esto sistematizado, porque esta es la parte histórica del conflicto, aquí está a quién violaron, a quién le quitaron la tierra y cuando uno lee declaración por declaración, viene el relato de cada una de las víctimas.

¿Qué les responde a quienes dicen que se está haciendo un manejo político de las víctimas?

Este año hay elecciones de mesas municipales, departamentales y nacionales. Las víctimas han hecho un ejercicio de discusión de todo el tema político, pero también se nos cruza con un año electoral en lo regional. Son 8.700.000 víctimas y a quién no le interesa tener 8.700.000 votos. En este momento están buscando a dónde se quieren ir, pero siempre hemos dicho que no podemos utilizar las víctimas para hacer política. Sabemos que cada una tiene su forma de pensar y decidirá por quién va a votar, pero que no utilicemos el dolor de las víctimas para hacer política.

"La JEP, como ejercicio de justicia transicional, es muy interesante, pero no ha dado resultados. Y cuando no se presentan resultados rápidos frente a una nueva institucionalidad, no hay credibilidad".