Muertos y amenazas: crecen los peligros en la campaña política en el Valle

¿Después del asesinato de José Daniel Gómez, precandidato a la Alcaldía de El Cairo, usted cree que el Municipio está en riesgo para hacer política para las elecciones de octubre próximo?

- No deja de preocupar, pero la situación está normal, no es que haya un ambiente de zozobra, la verdad que no: Diego Franco, secretario de Gobierno.

La Misión de Observación Electoral en el Valle del Cauca (MOE) asegura que Yumbo es uno de los municipios más convulsos para hacer política. ¿Le preocupa eso?

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- Conozco los procesos electorales en Yumbo desde 1991. En todos he participado en primera línea: como gerente de campaña dos veces, como candidato y como funcionario. Decir que ahora hay características distintas, no lo veo así: Óscar Fuentes, secretario de Gobierno.

En Jamundí hay un precandidato a la Alcaldía amenazado. ¿Usted cree que el municipio está en riesgo alto de violencia política?

- El concejal Andrés Felipe Ramírez es el único precandidato que ha tenido amenazas, pero por sus denuncias como concejal, que sea por violencia política, no es muy concreto. Con otros candidatos no ha pasado eso. Claro, en la parte alta del municipio hay un conflicto armado vivo, una disputa de territorio entre grupos armados, pero no están interfiriendo en la política local; que dentro de un mes se interesen, eso no lo podemos saber ahora: Jorge Iván Mejía, personero.

En junio de 2018 se le meten a la casa y únicamente se llevan su computador. Hace dos meses, con un conocido, mandan a decirle que “se está metiendo en temas que no debe”. Las dos denuncias están en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Se llama Andrés Felipe Ramírez, es concejal de la Alianza Verde en Jamundí, y quiere ser alcalde de ese municipio en el sur del Valle del Cauca. Por ahora, sin esquema de protección, su única arma es un candado pequeño que sella una cadena para impedir que abran la reja que custodia su oficina, que también es su sede política.

La estrategia es cada día cambiar de ruta, no ir a la zona rural de Jamundí, no estar en la calle después de las seis de la tarde o antes, si empieza a oscurecer.

Cuenta que Libardo Moreno, líder social asesinado en junio de 2018, en el corregimiento Las Pilas, era su ‘llave’. Ahora no está su familia, ni los amigos, ni la denuncia que hacían contra malos manejos en el acueducto rural que cobró la muerte de Libardo.

A 38 kilómetros de allí, en sentido norte, está Rodrigo Vargas, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Cuenta que también es activista del Partido Farc y que desde que se hizo público su respaldo al movimiento que surgió de la dejación de armas de la guerrilla ir por la calle es más complejo.

Al lado de su compañero de colectividad, al que llamaremos Gerardo, por seguridad, dice que las entrevistas y conversaciones las hace todas en sitios públicos y que aunque su interlocutor no lo sepa, siempre hay alguien en otro extremo vigilando que nada se salga de control.

“Es que si hago la cita en un sitio aislado o voy de mi casa a una reunión por un callejón, me matan y nadie se da cuenta. En los parques, si me disparan, al menos va a haber gente que cuente qué pasó”, dice Gerardo. Él está participando en el proceso de escogencia de los candidatos que conformarán la lista de Farc al Concejo de Yumbo.

Asegura que él y su amigo no son los únicos amenazados en ese municipio. A finales de marzo el precandidato a la Alcaldía Édinson Chávez sufrió un atentado cuando viajaba entre Yotoco y el Lago Calima.

Rodrigo reconoce que no está en la lista de riesgo de la Secretaría de Gobierno porque ya está cansado de reportar amenazas y de que ningún organismo le preste seguridad.

Unos 34 kilómetros al oriente está El Cerrito. Para Silvio Montaño no fue suficiente estar dentro de la casa de sus nietas. Allí dos hombres armados le dispararon. Nadie confirma que estuviera amenazado, pero las aspiraciones de ocupar por segunda vez la Alcaldía de ese municipio, con el aval del Partido de La U le costaron la vida.

También fue asesinado José Daniel Gómez, precandidato del Partido Conservador que quería repetir en la Alcaldía de El Cairo, municipio del norte del Valle del Cauca que colinda con Chocó. Dicen en la región que ahora sería su esposa la que alce sus banderas. Cuentan que el narcotráfico sigue enclavado en las montañas de esa zona del departamento y que sus hilos con la política son invisibles pero irrompibles.

A 162 kilómetros, más al centro de la comarca, está Caicedonia. Este año no ha habido muertos, pero Andrés Idárraga, personero municipal, alertó sobre cuatro cambios del registrador por cuenta de amenazas, dos de ellos, en nueve meses; del asesinato, el pasado 31 de diciembre, de Jesús Adier Perafán, presidente de una Junta de Acción Comunal y quien buscaba ser concejal por la Colombia Humana; así como de la amenaza de tres integrantes de la Mesa Municipal Efectiva de Víctimas, que también hacen parte de ese movimiento político.

Uno de ellos salió de la localidad. Los otros dos continúan allí, siguiendo las recomendaciones de no asistir a reuniones en sitios lejanos y de no salir en la noche.

Al norte, limitando con Pereira, está Cartago. En ese municipio el médico Hugo Cedeño, precandidato del Partido Conservador, sufrió un atentado del que salió ileso: 90 disparos de fusil en el Parque La Isleta, a pleno mediodía, mientras cientos de personas eran atendidas en una jornada de salud que él promovió.

Como no era la primera emboscada que sufría, ya tiene esquema de seguridad. En Cartago rumoran que su problema no está relacionado con la política.

Secretarios de Gobierno, personeros e incluso algunos líderes políticos de la región coinciden en lo mismo: en sus municipios “no pasa nada”, “no hay riesgo para hacer política”, “la precampaña está tranquila”, “estamos adelantando comisiones de garantías electorales”.

Una visión totalmente distinta tiene la Misión de Observación Electoral, MOE, que precisa que entre el 27 de octubre de 2018 y el 8 de abril de 2019 se han registrado once agresiones a líderes en el Valle del Cauca: cuatro amenazas a precandidatos, dos atentados y dos asesinatos.

La organización veedora también sostiene que dos amenazas fueron contra líderes indígenas y reseña el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) en Caicedonia.

Y así, con estas cifras, Alejandro Sánchez, coordinador de la MOE Valle, asegura que las cifras superaron los reportes de todo el 2015, cuando hubo la última elección de autoridades locales y regionales.

“Ya superamos todas las estadísticas de acciones violentas y apenas estamos pasando el cuarto mes del año electoral. Estamos experimentando más violencia, más amenazas. Hasta hace unas semanas estábamos en el cuarto lugar de riesgo en todo el país, ahora pasamos a ser el primero”, sostiene.

Para él, el origen de la violencia depende de cada zona: En Jamundí, por ejemplo, se presenta en la parte alta del municipio; en El Cairo, el problema se origina por su cercanía con las organizaciones armadas que están en el corredor del Chocó y la relación que tiene este territorio con el ELN, y en Buenaventura, la presencia armada especialmente en la zona rural y los ríos que desembocan en el mar Pacífico.

El secretario de Gobierno Departamental, Jesús Antonio García, agrega, por su parte, que los municipios más peligrosos para hacer política son Yumbo, Jamundí, Buenaventura y los que están en el Norte.

Explica que, tras las investigaciones que se han hecho a través del Comité de Seguridad Electoral, se ha encontrado que la mayoría de amenazas provienen de redes sociales y de panfletos firmados por Autodefensas Gaitanistas (AGC) y Águilas Negras, pero “esas son organizaciones que tienen una denominación, pero en realidad no se ha podido demostrar que existen”.

Dice que ya hay una mesa territorial que incluye al Ministerio del Interior y allí se analizan los niveles de riesgo de los actores políticos y cómo coordinar el seguimiento a las denuncias.

Mientras, el calendario electoral sigue corriendo y el Valle del Cauca se posiciona como el departamento más peligroso para hacer política.

Los picos de violencia política durante la campaña electoral de 2015 fueron marzo y agosto, según reportó Alejandro Sánchez, coordinador de la MOE.

Desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 25 de febrero de 2019 la Misión de Observación Electoral (MOE) ha registrado 107 líderes políticos, sociales y/o comunales víctimas de violencia política a nivel nacional.

De estos, 34 (32 %) fueron asesinados. Las cifras corresponden a un promedio de 1,2 líderes víctimas de agresiones por día en todo el territorio nacional.