¿Se cerró la puerta a una negociación con el ELN? Responde el Comisionado de Paz

"No podemos permitir que la Paz se fraccione territorialmente ni que en un año electoral hagan política con ella, de manera que ni el Alcalde de Caucasia ni ningún otro alcalde, dirigente regional o servidor público está autorizado para tener interlocución con un grupo armado”.

Con estas palabras, el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, dejó en claro la exclusiva potestad del Gobierno Nacional para entablar acercamientos con organizaciones ilegales.

El ahora también Consejero de Seguridad Nacional, explicó los retos de ambos cargos para lo que resta del mandato de Iván Duque.

El 2021 fue el año de la consolidación de la Paz con Legalidad, atendiendo a que la paz es un deber y un derecho de todos los colombianos, no exclusivo de una línea ideológica y entendemos que la paz se construye a partir de la fortaleza institucional.

En el 2021 logramos la presidencia de la Convención de Ottawa, que regula la acción integral contra las minas antipersonales. Eso significa que Colombia hoy es un referente en el desminado humanitario, en la atención a las víctimas de dicho delito y también somos ejemplo en la educación en el riesgo. Hoy, más del 80% del territorio colombiano está declarado libre de sospecha de minas antipersonales. Seguimos trabajando para que los indicadores mejoren, pero también insistimos en que los grupos armados organizados dejen de instalar minas antipersonales.

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En segundo lugar, activamos la Ruta de la Legalidad, donde 672 integrantes de grupos armados organizados tomaron la decisión de manera individual de presentarse a ella. Personas que retornaron a sus comunidades y familias y lograron tener una interlocución y ponerse a disposición de la Fiscalía. Es una cifra importante y tenemos que seguir consolidándola, para que muchos de ellos den el paso a la legalidad.

En tercer lugar, consolidamos los consejos territoriales de paz. Hoy Colombia cuenta con 639 de estos consejos, que obedecen a los municipios y a la jurisdicción que corresponde. Ellos tienen tres principios: el reconocimiento al interior de dicha instancia, que es la más diversa de la sociedad colombiana: allí tienen asiento funcionarios, integrantes de la Fuerza Pública, líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, y, en tercer lugar, buscar un propósito común, como es consolidar la paz cotidiana, la paz del día a día, en los territorios de Colombia. La paz no se hace ni desde el Parque de la 93 ni desde un escritorio en Bogotá ni mucho menos firmando un documento. La paz se consolida en los territorios, llegando con oferta institucional, entendiendo que podemos pensar y obrar distinto, pero que nada justifica la violencia.

En lo en lo que tiene que ver con los consejos territoriales de paz, superar los 700 funcionando. Y sobre la acción integral contra las minas antipersonal, para el próximo 7 de agosto, dejar declarados libres de sospecha 200 municipios. Con la Ruta de la Legalidad la idea es terminar con 300 integrantes de grupos armados organizados que vean en ella una oportunidad de vida.

Los grupos armados organizados tienen tres opciones: que la Fuerza Pública los neutralicen, ya que está constituida para defender vida, honra y bienes de los colombianos. Que sean capturados, como fue el caso de alias Otoniel, y acceder a la Ruta de la Legalidad. Atendiendo a que el Presidente de la República es el encargado de direccionar la política de paz del Estado colombiano, a este servidor, como Alto Comisionado para la Paz, le compete ser el intérprete del Presidente.

No podemos permitir que la paz se fraccione territorialmente ni que en un año electoral hagan política con ella, de manera que ni el Alcalde de Caucasia ni ningún otro alcalde local, dirigente regional o servidor público está autorizado para tener interlocución con un grupo armado organizado. Quien lo haga, estará infringiendo no solamente esa directriz del Alto Comisionado para la Paz, sino que estaría inmerso en la comisión de un delito.

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La posición siempre ha sido la misma: si el ELN deja su actuar criminal delictivo, entiéndase dejar de secuestrar, instalar minas antipersonales, reclutar menores y su actividad de narcotráfico, el Gobierno de Colombia, la orientación del presidente Iván Duque es que estaríamos listos para recorrer el camino que corresponda.

La Ruta de la Legalidad arranca por la presentación individual de quienes hacen parte de los grupos armados organizados. Se pueden presentar ante autoridades civiles o militares. Una vez esa persona manifiesta la voluntad, se activa la Ruta y se inicia una serie de entrevistas e interlocuciones con la persona y con las entidades del Estado, especialmente con la Fiscalía General de la Nación. Después de evaluar estos elementos preliminares, se toma la decisión de que esta persona vaya a una casa de paso donde se le da atención psicosocial y manutención y, en la medida en que avanza por la Ruta, podrá tener durante siete años la posibilidad no solamente de tener proyectos productivos, sino su manutención y la opción de retornar a su familias y a su comunidades.

Desde el 2018, cuando empezó este Gobierno, llevamos 1682 integrantes de los grupos armados organizados que han ingresado a la Ruta.

Las principales tareas serán seguir apoyando la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Nacional para la Equidad, el Emprendimiento y la Legalidad. También, seguir trabajando de manera articulada con el Ministro de Defensa y la cúpula de la Fuerza Pública y continuar interpretando el querer y las órdenes que da el presidente de la República, Iván Duque.

Seguir acompañando y rodeando a la Fuerza Pública en tres líneas: la primera es cuando los integrantes de los grupos armados organizados confronten a la Fuerza Pública, por supuesto que esta tiene la obligación de defender la vida, la honra y los bienes de los colombianos.

En segundo lugar, aquellos integrantes de grupos armados organizados serán capturados, entonces, motivar a la tropa a realizar esas capturas que están pendientes y, en tercer lugar, seguir fortaleciendo con el Ministerio de la Defensa Nacional la Ruta de la Legalidad, para que, mediante la figura del sometimiento, quienes están en la ilegalidad, hagan su tránsito a la legalidad.