Reparación de víctimas, un modelo aplaudido en el mundo pero que no avanza rápido en Colombia

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Reparación de víctimas, un modelo aplaudido en el mundo pero que no avanza rápido en Colombia

Octubre 11, 2018 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País 
Víctimas del conflicto armado

Según la Unidad Nacional de Protección, del total de víctimas con riesgo de seguridad extraordinario, solo el 24 % tiene medidas de protección implementadas. De igual forma, hasta ahora únicamente 877.845 víctimas han sido inmdenizadas.

Colprensa / El País

El modelo de reparación de víctimas del conflicto armado colombiano, que ha sido aplaudido por la comunidad internacional y tomado como referente por otros países, se enfrenta hoy a un panorama de incertidumbre.

Ello debido a que a la Ley de Víctimas, incluida en los Acuerdos de Paz firmados con la guerrilla de las Farc, solo le queda una vigencia de menos tres años, durante los que se debería reparar a 6.991.309 personas consideradas sujetos de atención y/o reparación, según el Registro Único creado por el Estado colombiano.

Sin embargo, en opinión de expertos, esa meta será muy difícil de alcanzar, debido al “importante” hueco fiscal que enfrenta el Gobierno Nacional en lo que atañe a los recursos destinados para ese fin, situación que dos meses después de iniciado el mandato de Iván Duque sigue sin tener un norte definido.

Ello porque hasta ahora el Presidente de la República todavía no ha nombrado a un Director de la Unidad de Víctimas en propiedad y porque en el Congreso hace tránsito un proyecto de ley que plantea modificar esa entidad, que, según se ha anunciado, ya no sería autónoma sino que pasaría a ser parte del Ministerio de la Familia.

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Ahora bien, según un informe publicado por la Contraloría General de la Nación en agosto pasado, para la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas -CSMLV-, entre el 2018 y 2021 se requiere que la Nación haga un esfuerzo fiscal de aproximadamente $129.29 billones para lograr cumplir con los compromisos adquiridos hasta ahora con las víctimas.

Esto debido a que los $101 billones que el Gobierno ya ha destinado a ese propósito resultan insuficientes.

“Si se toma como referente el valor ejecutado para esta política pública en el 2017, que fue de $13,5 billones, se calcula que para cumplir con los requerimientos de la ley se requieren cerca de diez años adicionales”, se lee en el comunicado del organismo de control.

A su vez, Jorge Vásquez, director encargado en la Territorial Valle de la Unidad para las Víctimas, dice que “es algo que está discutiendo el Gobierno Nacional junto con el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional para saber cuánto se va a necesitar para reparar a las víctimas en estos tres años que faltan y si habrá necesidad o no de prolongar la ley”.

El funcionario anota que la Unidad está priorizando este año la indemnización a personas en situación de discapacidad, adultos mayores y víctimas con enfermedades terminales y que se espera que para el próximo año se pueda continuar con quienes no han recibido reparación.

Preocupación e incertidumbre

Por todas estas razones, para algunas víctimas el panorama en el mediano plazo no es muy alentador.

Norma García, integrante de la Mesa Municipal de Víctimas de Cali, asegura que “si las víctimas no tenían garantías con el Gobierno que pasó, que fue cuando llegaron al Acuerdo de Paz, mucho menos lo tienen con el nuevo, más cuando en los pueblos la gente se está volviendo a desplazar. No hay garantías para que tengamos de verdad una reparación integral”.

A su preocupación se suma Martha Jordan miembro de Afrodes, Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, en Cali, quien tiene los ojos puestos en el nuevo Gobierno, “porque desde el inicio plantearon cambios en los Acuerdos”.

“Cómo va a ser posible que porque entra nuevo Gobierno quiere cambiar lo acordado, la expectativa es si lo va a mantener o lo va cambiar, igual seguimos haciendo la tarea, seguimos teniendo esperanzas, pero ya de entrada, estamos rezando”, anota.

Asimismo, Anabeiba Palacios, de la Red Espiral de Mujeres por la Paz, Valle, dice que los líderes no tienen garantías en salud, educación, vivienda, ni restitución de tierras. “Es un cuento en el papel, pero no una es realidad”.

“Estamos en el limbo, sin saber para dónde vamos, teniendo en cuenta que supuestamente va a haber una reforma a la Ley 1448, pero todavía no vemos un panorama claro, estamos en una incertidumbre total”.

No obstante, Angelika Rettberg, directora de la Maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, ve poco probable que haya apoyo político para dejar acabar la Ley de Víctimas, pero sí cree que vendrán esfuerzos sistemáticos para ajustarla.

“Eso puede venir por el lado de reducir el universo de víctimas, pueden introducir filtros más severos para identificar si son las que están registradas realmente; el filtro puede estar en hacer una gran reparación colectiva uniforme y no seguir atendiendo a cada uno sobre sus necesidades. Vienen ajustes y hay razones políticas y presupuestales de peso para hacerlo”, agrega.

Aunque, cree Rettberg, “moralmente” es problemático que “a todas estas personas a las que se les dijo que son víctimas con derecho a la reparación, les digan ahora que ya no”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, integrante de la Comisión de Paz del Senado, cree que las víctimas atraviesan un momento de crisis y necesitan con urgencia decisiones políticas de parte del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo.

“Es necesario una revisión de la Ley 1448 y también en lo que atañe a la restitución de tierras, porque ese es otro proceso que ha avanzado de manera lenta, supremamente engorrosa y con amenazas muy grandes para las víctimas, que se expresan en asesinatos sistemáticos de líderes sociales”, indicó quien fuera asesor de los diálogos en La Habana.

Cepeda señala que si bien en los últimos años se ha avanzado, no solo por lo que ha hecho el Estado sino por lo que han hecho las propias víctimas “en niveles de reconocimiento”, todo depende de que se destinen los recursos y el actual Gobierno “haga los esfuerzos necesarios para que las víctimas puedan ser atendidas de manera consecuente a sus necesidades en todas las regiones del país y a que se detenga de manera definitiva la eliminación de líderes sociales y líderes de víctimas”.

Añade que se deben fortalecer organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pues todo esto “debe ser considerado en una política integral del nuevo Gobierno que dice querer avanzar en la protección de las víctimas, pero en lo que se revela en el Presupuesto General de la Nación no atiende las necesidades más sentidas de estas”.

Proceso integral

La indemnización es una de las cinco medidas de la reparación integral.

La Unidad para las Víctimas se encarga de dar cumplimiento a esta medida. Para el cumplimiento de las cuatro restantes se involucran todas las entidades del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas), del que hacen parte 52 entidades (ministerios, entes territoriales, Sena, Icbf, entre otros).

La reparación integral contempla: medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, restitución, garantías de no repetición y la indemnización administrativa.

La senadora María Fernanda Cabal presentó un proyecto que busca reformar el marco legal de la Ley de Víctimas porque, según ella, las ha revictimizado.

En el Acuerdo de Paz se acordaron 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas, pero esta iniciativa tampoco se ha cristalizado.

8.746.541
 personas se encuentran reportadas en el Registro Único de Víctimas.
En el Valle del Cauca, 456.714 son sujetos de atención y/o reparación.

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