Lo que se sabe sobre el plan criminal que desató ola de vandalismo durante protestas en Cali

Si bien el miércoles, jueves y viernes pasado, durante las jornadas del paro nacional en Cali, hubo caos, desmanes y delincuencia; para las autoridades algunos de estos no fueron episodios aislados, sino planeados semanas antes de iniciar las movilizaciones.

Para el alcalde Jorge Iván Ospina, no le “cabe duda que aquí hubo planificación, premeditación y alevosía cuando vemos una marcha que avanza por su lado, pero por el otro hay grupos dispersos con la intención de crear un gran incendio”.

El 26 de abril llegaron desde Bogotá a la capital vallecaucana cuatro individuos que habrían planeado estos hechos violentos: ‘Topo’, ‘Saex’, ‘Flaco’ y ‘Pablo’, cabecillas de redes criminales encargadas de infiltrar la protesta social y cuya función para esta oportunidad fue comprar productos químicos para fabricar artefactos explosivos de forma artesanal, según la Fiscalía General de la Nación.

Los criminales también definieron roles logísticos durante los desmanes en Cali, que dejaron pérdidas por $80.000 millones tras los ataques al Sistema Masivo de Transporte, el edificio de la Alcaldía, la Gobernación, la Defensoría y algunos establecimientos bancarios y privados de la ciudad.

Los cuatro sospechosos hacen parte de los 14 capturados que las autoridades vinculan con hechos de desorden público en Bogotá y otros puntos urbanos del país, además de los actos vandálicos ocurridos el 9 y 10 de septiembre del año pasado en la capital. Por estos hechos es que serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo agravado. Lea la carta abierta con la que caleños rechazan hechos vandálicos

Y si bien la jornada del miércoles dejó 45 capturados, según informó Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad de Cali, las autoridades judiciales todavía intentan determinar cuál es su relación con los hechos de violencia y vandalismo. Es por eso que la Fiscalía ya tiene 23 procesos en curso.

“Es claro que aquí hubo manos criminales al atacar estructuras de alto valor como las del MÍO, donde se transportan gran parte de los trabajadores de la ciudad. Esperamos que la Fiscalía nos diga quiénes son los responsables y además se aclara qué hay detrás de esta jornada tan horrorosa”, afirmó Rojas.

Además, el ente investigador ya publicó unos carteles para que las ciudadanía identifique a las personas que estuvieron detrás de saqueos y actos vandálicos, mientras el Ministerio de Defensa anunció una serie de recompensas para quienes aporten información que den con la captura de los responsables de estos hechos.

El ministro de Defensa, Diego Molano, desde el Puesto de Mando Unificado, PMU, en Cali, corroboró que los actos terroristas y criminales que se han presentado en los últimos tres días de protestas en Cali, corresponden a organizaciones criminales. Específicamente de acuerdo con el ministro a organizaciones como: “el movimiento JM19, el grupo Luis Otero Cifuentes, y el movimiento Bolivariano de las ‘Disidencias de las FARC’ de Gentil Duarte.

“Criminalidad aprovechó las protestas”

Por su parte, el ex coordinador del Observatorio de Seguridad de Cali, Álvaro Pretel, aseguró que primero es fundamental separar los hechos vandálicos de la protesta social, dado que no los representa ni puede deslegitimar el mensaje de la misma.

“En todo caso, a mi parecer, son hechos que sí pueden ser interpretados como algo organizado, como los robos masivos a centros comerciales o los ataques a edificios del Estado, pero también se trata de un efecto bola de nieve, por ejemplo cuando ciertas personas aprovechan para saquear sin necesidad de hacer parte de algún grupo delictivo que actué de forma premeditada”, explicó Pretel.

De hecho, según la lectura de Pretel, el hecho de que los episodios delictivos se concentraron con más fuerza en Cali a diferencia de Medellín o Bogotá se debió a esa misma organización criminal que aprovechó la protesta social para sembrar el caos, sumado a posibles fallas en acciones de inteligencia de las autoridades para interceptar hechos de los que ya se tuviera un reporte previo.

Una opinión similar tiene el politólogo Gustavo Orozco, especialista en seguridad y terrorismo: “Estos hechos de vandalismo no son manifestantes que de repente decidieron ser violentos, sino que fueron personas que se organizaron para robar, saquear y destruir, aprovechando la inoperancia de las autoridades y la baja probabilidad de que los capturen”.

En la perspectiva de Orozco, la contención de estos actos delictivos no fueron tan efectivos, pese a experiencias pasadas en marchas masivas como la del 21 de noviembre del 2019. “La Alcaldía habla todo el día de comisiones y de diálogo, pero si tenemos antecedentes de la seriedad de estos eventos, será muy difícil dar una respuesta al respecto, además de que el vandalismo no está priorizado en la lucha contra la inseguridad en Cali”, dijo.

Por lo tanto, frente a estas “muestras de ingenuidad”, Orozco señaló que lo más importante es que haya un esfuerzo institucional liderado por la Alcaldía para procesar los vándalos de las marchas para enviar un mensaje de no impunidad por episodios de esta naturaleza.

El experto agregó: “Con hechos como los ataques al Masivo, uno puede deducir que se trata de intenciones claras de crear miedo y zozobra entre la población, es decir, una táctica terrorista. Indudablemente, hay gente que delinque por necesidad, pero esto no es una explicación suficiente; aquí uno ve delincuentes rasos y puros”.

Entre vandalismo y la marcha pacífica

Para Andrea Buenaventura, socióloga y antropóloga de la Universidad Icesi, durante las marchas contra la nueva reforma tributaria del Gobierno Nacional se presentó una dicotomía muy marcada: a un extremo, la protesta pacífica que busca hacer entender la situación del país y al otro, el vandalismo, que no es justificable, pero es un tipo de voz que necesita ser analizada.

“Se trata de una voz con muchos actores: por ejemplo, aquellos que buscan chocar contra el Esmad pueden enmarcarse como las personas que hacen una demanda social contra la ley o los que tiran las cámaras de fotomultas, como las personas que -entre comillas- atacan la gobernanza. Es su manera, independiente si es adecuada o no, de generar resistencia política y social”, explicó Buenaventura.

Sin embargo, agregó que es muy importante rescatar esa voz pacífica, que incluso sirvió como aquietador en hechos de saqueo, cuando algunos ciudadanos interceptaron a los ladrones y devolvieron los productos hurtados.

Balance general

Entre los $80.000 millones en pérdidas económicas tras los desórdenes del pasado miércoles, se encuentran los daños a la infraestructura y buses del Sistema Masivo. En total fueron incinerados 16 vehículos, declarados en pérdida total. A esto se suma otros 50 buses que fueron blanco de actos vandálicos que los obligó a estar por fuera de servicio mientras son reparados. Asimismo, se encuentran 22 estaciones afectadas, con la Terminal Calipso como una de las que más daños presentó en su infraestructura.

Las reparaciones costarán alrededor de $25.000 millones, según informó Metrocali. La jornada también dejó perjuicios en oficina de Catastro, ubicada en el CAM, con daños en un 90 % de su infraestructura, ataques que también se replicaron en el primer piso de la Gobernación del Valle y la sede la Dian. Un infortunio similar atravesó la sede la de Colpensiones en el centro de Cali tras ser incinerada por encapuchados.