Ley de financiamiento también aumentará cárcel para evasores de impuestos

El proyecto de la ley de financiamiento prevé darle ‘más dientes’ a la justicia y la Dian a partir del 1 de enero del 2019 para combatir la evasión y la elusión de impuestos.

Y para ello, un artículo del proyecto tributario —cuya segundo debate se cumplió ayer en las comisiones económicas del Congreso de la República— prevé subir las penas de cárcel de 9 años a 15 años para quienes oculten activos e ingresos.
La iniciativa plantea que esas condenas serán para las personas naturales y jurídicas que omitan activos hasta por $3900 millones. Hoy, el tope es de $5600 millones.

El contribuyente que sea declarado culpable tendría, además, que pagar igualmente una multa del 20% del valor del activo omitido. Para ello en la ley de financiamiento se propone la creación del delito de defraudación fiscal en Colombia.

Se calcula que hoy la evasión y elusión de impuestos en Colombia oscila entre $50 billones y $60 billones.

A pesar de la iniciativa que contempla la ley de financiamiento, según Luis Álvaro Pardo, del movimiento Justicia Tributaria, las últimas reformas han sido insuficientes para frenar la evasión, la cual antes por el contrario, sigue aumentando.

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Y aunque el proyecto pretende un mayor incremento del recaudo por la normalización de activos (en el exterior), aún, según los especialistas, son todavía muchas las fortunas de colombianos ocultas en paraísos fiscales.
El director de la Dian, Andrés Romero, consideró recientemente que las medidas para elevar las penas a los evasores será algo histórico porque permitirá perseguir con mayor vehemencia a quienes le incumplen a la administración tributaria.

El articulado también prevé penas de cárcel para quienes ayuden a cometer evasión con las declaraciones de renta es decir, asesores contables y revisores, entre otros.

En países como Estados Unidos la sanción por declaraciones fraudulentas o falsas presentadas al IRS (la entidad tributaria) puede ser de hasta tres años de prisión y una multa de hasta US$250.000 para una persona o de US$500.000 para una empresa, además de los costos judiciales.

Por otro lado, en las comisiones económicas Conjuntas del Congreso se negó ayer la ponencia alternativa al proyecto de ley de financiamiento que presentaron los congresistas de la Lista de la Decencia, Aída Avella, Gustavo Bolívar y David Rancero y que pretendía generar recursos por el orden de $24 billones.

“Queremos contribuir a que en esa línea de justicia tributaria se pueda tener mayor recaudo. Hay retenciones altas a los salarios altos. En la renta de personas naturales, le estamos cargando la mano a las clases medias. Si ganan $3 millones no es conveniente poner una retención de 19%”, indicó Gustavo Bolívar, senador de la Coalición Decentes.

En esta ponencia se proponía un gran impuesto al gran patrimonio,con el cual se conseguirían $4 billones. También se establecía otro a las remesas empresariales con las que quería tener $2,9 billones; a las grandes herencias para obtener $1,4 billones; fortalecer la Dian para conseguir $2 billones; y con el impuesto de renta a las personas naturales quería obtener otro 1$ billón.

Una vez negada esa ponencia inició el debate sobre el articulado. El senador del Centro Democrático, Fernando Araújo, destacó algunas ventajas del proyecto de ley como las exenciones en materia de renta a las empresas de la denominada economía naranja.

La semana pasada también había sido negada una ponencia del Partido Verde para que la reforma tributaria fuera aplazada para el 2019 debido al impacto que tendría para las familias y los asalariados. Y porque el faltante de $14 billones en el Presupuesto no se podría solucionar de inmediato.

- A la discusión de la ley de financiamiento en el Congreso de la República le quedarían escasos 18 días para ser aprobada, o no.

- Luego de salir de las comisiones económicas, el proyecto entrará a ser debatido en las plenarias de Cámara y Senado.

- Los partidos Verde y Liberal, lo mismo que Cambio Radical, han anunciado oposición a la ley.