La tenebrosa huella que ha dejado en Venezuela la Policía Bolivariana de Chávez

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La tenebrosa huella que ha dejado en Venezuela la Policía Bolivariana de Chávez

Julio 14, 2019 - 07:55 a. m. Por:
Juan Francisco Alonso / Corresponsal de El País
Policía Bolivariana: peor el remedio que la enfermedad

La Policía Nacional Bolivariana, PNB, es una fuerza federal creada por Hugo Chávez en 2008 como una “fuerza policial preventiva”, separada de las estatales y locales. Junto con la Guardia Nacional, es la fuerza principal que enfrenta a los manifestantes en las calles.

Agencia EFE

“La Policía Nacional Bolivariana (PNB) es un nuevo concepto, es la policía preventiva, es el policía que patrulla a pie y que trabaja conjuntamente con la comunidad. Es una policía bien adiestrada y entrenada”.

En octubre de 2012, días antes de ser reelegido por segunda y última vez, el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez describía así el nuevo cuerpo de seguridad puesto en marcha por él, apenas tres años antes, y aseguraba que sería radicalmente distinto a los que venían funcionando hasta el momento, porque, dijo, esas instituciones solo sirvieron para “reprimir al pueblo y en especial a los más pobres, porque el capitalismo criminaliza a la pobreza”.

Sin embargo, el remedio que el chavismo pretendió ponerle a los históricos y recurrentes abusos y excesos policiales registrados en el país parece haber sido peor que la enfermedad.

Eso es lo que deja en claro el reciente informe que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, publicó el pasado 4 de julio sobre Venezuela y en el cual se acusa a los organismos de seguridad de haber ajusticiado a 6856 personas entre 2017 y mayo de 2019, de acuerdo a las propias cifras suministradas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Buena parte de estas víctimas, unas 13 en promedio cada día, habrían perdido la vida a manos de las polémicas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una unidad de la Policía Nacional creada en 2017, supuestamente, para combatir al crimen organizado y cuyos miembros han sido señalados en los últimos meses por varias organizaciones de Derechos Humanos de practicar allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias masivas, asesinar a personas y luego presentarlas como supuestos criminales que se les enfrentaron o incurrieron en “resistencia a la autoridad”.

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¿Pero por qué la nueva policía, en la que el Ejecutivo venezolano ha invertido millones de dólares, no solo en equipos sino en formación, es incluso peor a la antigua? ¿Qué falló? Exfuncionarios y expertos consultados por El País coinciden en atribuir esta situación a que las directrices trazadas desde la Comisión para la Reforma Policial que operó entre 2006 y 2007, y quedaron plasmadas en leyes, no se han aplicado.

“No es que la reforma policial fracasó, es que desde que Maduro asumió el poder se desmanteló esa reforma policial y nunca se puso en práctica”, denunció la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, desde Europa, donde se encuentra autoexiliada desde hace más de un año, y para quien los ajusticiamientos policiales son parte de la política de Estado del gobernante venezolano para asegurarse la silla del Palacio Presidencial de Miraflores.

“Maduro hizo esto porque asumió que sin represión no se podía mantener en el poder”, sentenció la disidente.

En similares términos se pronunció el abogado Zair Mundaray, mano derecha de la Fiscal General en el exilio.

“La premisa fundamental de la PNB era ser una policía preventiva, cercana a la población, profesional y con mucha formación en Derechos Humanos. Pero eso no cabe en un modelo represivo de Estado. Tú no puedes tener un modelo de Estado que impide el libre pensamiento y que reprime a la disidencia con una policía así, eso es incompatible”, indica.

Mundaray señala que Venezuela es desde 2016 un “Estado policial”, donde las policías no tienen control institucional y están por encima de las leyes y de los jueces y fiscales. “Las policías hoy están diseñadas para la represión y el espionaje”.

Otro problema, la militarización

Para Zair Mundaray, otro factor que explica la actuación irregular de las policías es su militarización.

“Desde hace años tenemos ministros del Interior que son militares, los cuales trabajan bajo la premisa de que los civiles son inferiores y casi unos minusválidos mentales que deben ser tutelados. La misma ley de Policía Nacional dice que el director del organismo debe ser un civil y con carrera policial, pero eso hace años no se cumple”, afirmó.

Desde la salida en enero de 2014 del comisario Luis Karabín, la dirección de la PNB ha estado en manos de cinco oficiales del Ejército y sobre todo de la Guardia Nacional (policía militarizada). Esto, a pesar de que el Artículo 332 de la Constitución establece que los cuerpos policiales son “de carácter civil”.

La presencia de uniformados en los cuerpos policiales a lo largo de las últimas décadas fue una de las razones esgrimidas por los expertos que integraron la Comisión de Reforma Policial para explicar la comisión de violaciones a los Derechos Humanos como la tortura o las ejecuciones.

En esta misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha instado a los países de la región, pero en particular a Venezuela, a no recurrir a los militares para combatir el delito.

“La militarización de las funciones de control de seguridad ciudadana en Venezuela (…) resultan contrarios a los estándares de Derechos Humanos. En este sentido, reitera que por carecer las fuerzas armadas de adecuado entrenamiento para desempeñar labores de control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, debidamente entrenada y respetuosa de los Derechos Humanos, garantizar la seguridad y mantener el orden público en el ámbito interno”, señaló la Cidh, en su informe Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, publicado en 2018.

La impunidad juega

Para Liliana Ortega, directora de Cofavic, organización que ha estudiado el tema desde la alarmante cifra de ajusticiamientos que refleja el informe de Bachelet, la impunidad no solo es producto del incumplimiento de las regulaciones en materia policial o de la militarización de los organismos de seguridad, sino de la falta de castigo por parte de la justicia venezolana.

“La impunidad institucionalizada que caracteriza a los crímenes de ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura denota que no estamos frente a casos aislados sino que se trata de una práctica sistemática”, dijo.

Pese a que muchos consideran que los venezolanos se han acostumbrado a convivir con estos llamados “grupos de exterminio”, la exfiscal Luisa Ortega no cree que eso sea así.

“Estos crímenes buscan atemorizar al demostrar que hay una fuerza de dominación colectiva y que eso inhibe la denuncia y crea un miedo general, no solo entre los familiares de las víctimas sino en las comunidades donde ocurren los crímenes, pero pese a ello el país ha venido reaccionando. El informe de Bachelet logró documentar la información que presenta gracias a más de 500 entrevistas a víctimas y sus familiares y eso en el contexto venezolano revela que hay un valor y una dignidad que no se doblega”, dice.

La Policía Nacional Bolivariana, PNB, está encargada de la vigilancia, patrullaje policial y seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

Policía Bolivariana: peor el remedio que la enfermedad

Ante las protestas, la PNB despliega tácticas como balas de goma y gas lacrimógeno, también están equipados con maquinaria antidisturbios.

Agencia EFE

Seguirán las presiones a Maduro

El Gobierno de EE. UU. y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, amenazaron con seguir presionando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, mientras continúa el diálogo con la oposición mediado por Noruega.

Y, frente a ello, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, consideró que el único objetivo de Almagro y del enviado especial de EE. UU. para Venezuela, Elliott Abrams, es “destruir la única posibilidad que hay en Venezuela de alcanzar un acuerdo pacífico”, así como “empujar otra vez a Venezuela al borde de la guerra y la agresión”.

Abrams expresó confianza en el líder opositor Juan Guaidó y prometió seguir con la presión a Maduro, mientras que Almagro se mostró más duro y llegó a considerar que el diálogo solo funcionará si Washington continúa sancionado a Maduro y a Cuba.

“Que ese proceso tenga éxito dependerá esencialmente de la presión que EE. UU. ponga sobre todos los factores fundamentales que oprimen al pueblo venezolano: el factor cubano y el factor de la lógica criminal y usurpadora de Nicolás Maduro”, manifestó el secretario general de la OEA.

“Más de lo que se negocie sobre la mesa, más que la negociación, si sale algo de ahí va a ser por la presión de otras amenazas creíbles y la presión de EE. UU.”, añadió.

En mayo, Noruega comenzó un proceso de mediación entre los negociadores de Maduro y Guaidó, que esta semana se reunieron en Barbados, en lo que supone la tercera ronda de diálogo.

Intento

Con el propósito de revertir esta situación, en 2010 la entonces fiscal Luisa Ortega creó la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales, un grupo especial dedicado a investigar a funcionarios incursos en violaciones a los Derechos Humanos.

En 2017 este grupo investigaba a 1775 policías y militares sospechosos de estar incursos en casos de homicidio o tortura y tratos crueles. Sin embargo, desde cuando el Ministerio Público fue intervenido por la Constituyente, se desconoce el estatus de esos procesos.

En Venezuela coexisten policías que dependen separada y autonomamente de los gobiernos de los estados y de los gobiernos municipales, la Policía Nacional depende del Gobierno Nacional.

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