¿En riesgo el plan para salvar al MÍO por fallo judicial contra Metrocali?

Luego que el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio expidiera un laudo en el que obliga a Metrocali a pagar $110.041 millones al concesionario GIT Masivo por diversos incumplimientos, el ente gestor del MÍO estudia las salidas que tiene para afrontar el golpe económico más grande que ha recibido el sistema en sus nueve años de operación.

Y es que el tribunal, que admitió la demanda arbitral en diciembre de 2016, ordenó a Metrocali pagarle a GIT $84.966 millones como indemnización de perjuicios, más $25.075 millones por concepto de intereses del monto anterior. Entre los incumplimientos por los que se obliga al ente gestor del MÍO a cancelar esos montos se cuenta no cumplir con el cronograma de entrega de las obras de infraestructura del sistema (como el patio taller definitivo que debe tener GIT) y haber permitido el paralelismo del transporte público colectivo.

Cabe recordar que las pretensiones principales de GIT Masivo estaban tasadas en $300.000 millones que correspondían a perjuicios e intereses. Además, en una pretensión secundaria el concesionario aspiraba a recibir $709.000 millones por la liquidación anticipada del contrato y los intereses correspondendientes, en caso de no aprobarse las pretensiones principales.

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Ante esto, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, indicó que: “respetamos la decisión y la vamos a acatar, pero no la compartimos y, como es deber de los funcionarios, vamos a agotar los recursos jurídicos que correspondan y estén a nuestro alcance para defender el patrimonio del Municipio”.

Lo que se viene para el ente gestor del MÍO es una solicitud de aclaración en una audiencia que se hará ante el tribunal el próximo 10 de diciembre. Una vez cumplido este paso se evaluará si hay lugar a una anulación del fallo ante el Consejo de Estado y si después de esa instancia jurídica se encuentra que hay lugar a una vulneración de derechos, se podría proceder a entablar una acción de tutela.

“Si el marco jurídico no da otra opción, daremos cumplimiento al fallo. Una vez en esa instancia tendremos que sentarnos con el operador para entrar a acordar una fórmula de arreglo para poder cumplir con la obligación. Esas posibilidades habrá que construirlas de cara al servicio para los usuarios”, afirmó el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela.

El funcionario señaló que este laudo arbitral “es un obstáculo más que se presenta dentro de todas las dificultadas que, históricamente, ha tenido el sistema, pero no pone en riesgo el plan de salvamento y la política de sostenibilidad que estamos liderando”.

Orejuela también señaló que esta decisión, en términos de servicio, implica que “se acabaron las excusas para GIT. Si el incumplimiento en garantizar la confiabilidad de su flota y tener afuera todos los buses en algún momento se da bajo lógicas financieras, ahora el tribunal ha planteado que se le reconozca el 100 % de la tarifa licitada. En ese sentido, va a contar con los recursos y esperamos que apalanque todos sus esfuerzos y empiece a garantizar un mejor servicio a los usuarios”.
Entre tanto, el representante legal de GIT Masivo, Enrique Wolff, manifestó que por el momento no se pronunciará respecto al laudo arbitral.

En el fallo también se ordena el reconoci-
miento desde enero de 2017 de la tarifa técnica (lo que realmente cuesta movilizar un pasajero dentro del sistema masivo) al concesionario.

Para el concejal Carlos Andrés Arias esta decisión del tribunal de arbitramento “desvirtuó parte de los argumentos de Metrocali en torno a que había cumplido el contrato. También queda en evidencia es que esos contratos han terminado siendo muy nocivos porque desde hace años la Administración le ha estado girando recursos al sistema y hoy sale un laudo en contra por $110.041 millones; hay que mirar qué posición toman los demás operadores, porque podrían decir que están en la misma condición y que se les debe dinero, algo que podría poner en aprietos fiscales al Municipio y, por esto mismo, se requiere buscar otras formas de transporte público”.

En ese sentido, la concejal Alexandra Hernández indicó que “como un acto de responsabilidad, Metrocali debe explicar los impactos que tiene este fallo no solamente con GIT sino con futuros fallos y acciones de los demás operadores. Debemos hacer una mesa de trabajo urgente para estudiar las implicaciones que tiene este acto judicial”.

Por su parte, la concejal María Grace Figueroa enfatizó en que, teniendo en cuenta que el laudo arbitral se profirió horas después que el Concejo aprobara en primer debate el proyecto de acuerdo con el que se buscan nuevas fuentes de financiación para el MÍO, se debe revisar con lupa el plan de salvamento del sistema antes de dar un ‘pupitrazo’.

“Metrocali tiene que plantear el escenario económico del MÍO frente a ese fallo para ver qué va a pasar de ahora en adelante, porque en este proyecto se comprometieron una cantidad de rentas del Municipio a favor del MÍO. Lo que debe responder Metocali es si en esos recursos estaba proyectada una posible pérdida de la demanda o si no se planteó, porque de ser así yo no sé de dónde más se podrá sacar dinero para financiar el sistema”, puntualizó Figueroa.

- La decisión del tribunal de arbitramento dejó sin validez la firma de un otrosí modificatorio al contrato de concesión realizada el pasado 2 de agosto de este año entre Metrocali y GIT, pues su materialización estaba supeditada a la presentación de un acuerdo conciliatorio ante el mismo tribunal, que decidiría si lo avalaba o no.

- A esto se suma que el concesionario debía presentar el cierre financiero de la concesión actual y de la adición de flota en caso de que el tribunal la avalara, así como la autorización de la Supersociedades, condiciones que no se cumplieron.