Corte ordena plan urgente de atención para el Pacífico nariñense tras ataques armados

La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional crear una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para contrarrestar de manera urgente la situación de crisis que se vive en Nariño por cuenta de desplazamientos forzados y violencia generalizada que afecta a la población, incluyendo comunidades indígenas y afrodescendientes.

Tras la masacre de siete personas en octubre pasado, al interior del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera en Tumaco y el ataque a la Misión de Verificación que acudió al lugar, la Corte determinó que lo que pasa en la región es una reflejo de una situación de violencia generalizada.

Lo que la Corte considera una “crisis humanitaria” de mayores proporciones se debe “a la intención de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia de ingresar a la región, como parte de su estrategia expansionista luego de declarado el cese el juego entre las Farc y el Gobierno Nacional”, que se agrava con la presencia de nuevas estructuras armadas como lo son autodenominados “grupos de control” y las disidencias de la guerrilla al mando de alias ‘David’.

De acuerdo con la Corte en la región hay riesgo de violencia sexual, confinamientos, extorsiones, desapariciones forzadas, desplazamientos que afectan a la población civil en la expansión de los grupos ilegales en búsqueda del control de rentas ilícitas como la minería ilegal y los cultivos ilícitos.

En auto de 54 páginas, la Sala dice que desde el 2012 hay un aumento sostenido de los cultivos de uso ilícito en Nariño, alcanzando las 42.627 hectáreas en 2016, de las cuales 15.665 están en resguardos indígenas.

Igualmente, señala que hay un aumento del 24 % en los homicidios de Nariño. A esto se suman las amenazas y muertes de líderes sociales.

“Lo más preocupante para esta Corporación es que el caso de José Jair Cortés y de Gilmer Genaro García fueron advertidos en diversas oportunidades ante las autoridades competentes. Incluso, en el segundo caso la víctima contaba con medidas de protección asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). A pesar de ello, esta Unidad continúa sin implementar las medidas de protección colectiva acordes con el riesgo”, señaló la Corte.

La Corporación agregó que “de otro lado, en el caso del pueblo Awá, se reportaron 14 homicidios entre junio de 2015 y septiembre de 2017, 4 de ellos eran menores de edad”.

Además, la Sala encontró hechos de desaparición forzada, reclutamiento forzado, prostitución y drogadicción de menores de edad y 18 eventos de desplazamientos forzados desde febrero de 2016 hasta el 20 de septiembre de este año que afectan a 3710 personas y 1107 familias.

En consecuencia, la Corte ordenó al Presidente de la República la creación de la Comisión de Alto Nivel con presencia de los Ministerios del Interior, Hacienda, Defensa, Justicia, las Fuerzas Militares, la Policía, la Unidad de Víctimas, de Restitución de Tierras, la Agencia de Tierras, el gobernador del Departamento y varias alcaldías.

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Una vez creada, en dos meses se deberá formular un Plan Urgente de Reacción y Contingencia que garantice la protección inmediata de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas Awá y Esperara-S apidaraa que habitan en la región.

En plan debe asegurar la coordinación de todas las medidas requeridas para atender a esta población, definir competencias de cada entidad, asegurar el presupuesto para poner en marcha las medidas que deben respetar el Derecho Internacional Humanitario.

La Corte igualmente le ordenó a la Fiscalía General de la Nación garantizar la presencia de esa entidad en los municipios de El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Santa Bábara de Iscuandé, Mosquera, Barbacosas, Magui Payán, Roberto Payán, Francisco Pizarro y Tumaco.

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La Sala además le ordenó al director de la UND que tome medidas expeditas de protección diferenciales y colectivas para enfrentar la vulnerabilidad de los líderes, lideresas y autoridades étnicas en el territorio.

Incluso, el alto tribunal dispuso que el Ministro de Defensa haga un curso de formación de la Fuerza Pública sobre el contenido de los derechos y las comunidades y pueblos étnicos, con el fin de evitar que se aumenten las tensiones y los riesgos a la vida de la población en la zona.