Fondo de Adaptación en disputa; denuncia de Angie Rodríguez desata guerra interna en el petrismo

El Fondo Adaptación, volvió a quedar en el centro de la controversia política y administrativa del Gobierno nacional, luego de que Angie Lizeth Rodríguez, en su calidad de gerente encargada de la entidad, denunciara públicamente inacción y posibles irregularidades en los principales proyectos a su cargo.

A través de una transmisión por los canales oficiales, la funcionaria lanzó graves señalamientos sobre el manejo de los recursos y responsabilizó directamente a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por lo que calificó como una deficiente administración.

En su intervención, Rodríguez puso especial énfasis en el proyecto de soluciones estructurales para La Mojana, una de las iniciativas más emblemáticas del presidente Gustavo Petro. Según expuso, la ejecución de este plan apenas alcanza el 3 %, a pesar de los compromisos adquiridos por el mandatario con la región.

Dado que, el 20 de marzo de 2024, desde San Marcos, Sucre, Petro aseguró que el Fondo Adaptación debía encargarse de controlar las inundaciones y de impulsar oportunidades productivas para más de 400.000 habitantes de esa zona históricamente afectada por emergencias climáticas.

Sin embargo, de acuerdo con la gerente encargada, retrasos, irregularidades y malos manejos han impedido que esos anuncios se traduzcan en resultados concretos, sumando un nuevo incumplimiento a las promesas presidenciales.

En medio de rumores sobre su posible salida del Gobierno, Rodríguez no solo expuso públicamente la situación del Fondo, sino que asumió el control de la entidad y promovió cambios en su estructura interna. El nuevo organigrama incorporó funcionarios cercanos al Dapre y al Ministerio del Interior, algunos de ellos ya mencionados en alertas y denuncias internas.

Esta situación ha puesto bajo el reflector a una entidad que tradicionalmente operaba con bajo perfil, pero que maneja recursos considerables. Pues para 2025, el Fondo Adaptación cuenta con un presupuesto superior a los $660.000 millones y administra un patrimonio autónomo que le permite ejecutar recursos sin estar sujeto al principio de anualidad. Además, los salarios de funcionarios y contratistas son elevados, bajo el argumento de atraer personal altamente calificado.

Durante el actual Gobierno, la gerencia del Fondo ha estado marcada por la inestabilidad. Inicialmente, estuvo a cargo de Javier Pava, quien simultáneamente dirigía la Ungrd, lo que facilitó la llegada de fichas cercanas al petrismo.

Posteriormente, se presentó un carrusel de gerentes encargados de corta duración, entre ellos Olmedo López, Helga Rivas y Carlos Carrillo. En paralelo, una normatividad que delega el orden del gasto en los subgerentes terminó concentrando el poder en los mandos medios.

Uno de los episodios más sensibles se relaciona con la intervención en La Mojana, donde la planificación se dividió en dos grandes componentes por un valor total de $1,1 billones : cerca de $900.000 millones para obras de infraestructura y alrededor de $200.000 millones para medidas complementarias, entre ellas la llamada Ruta del Arroz, orientada a fortalecer la industria arrocera local y apoyar a otros sectores productivos como agricultores, pescadores y artesanos.

El contrato para esta estrategia fue firmado el 13 de diciembre de 2024 por más de $36.700 millones con la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana, y fue estructurado por Jorge Andrés Charry Gómez, entonces subgerente de Regiones del Fondo.

Un día después, la entidad recibió una denuncia por presuntas irregularidades en el proceso, que advertía sobre posibles beneficios a sectores políticos del departamento de Córdoba.

Aunque el caso fue trasladado a la Procuraduría y a la Fiscalía, el contrato entró en vigencia ante la falta de pruebas. Posteriormente, incumplimientos detectados por la interventoría llevaron a frenar su ejecución, al evidenciarse fallas en el diagnóstico y ausencia de soportes de trabajo de campo.

A este panorama se suman denuncias del propio Carlos Carrillo sobre una presunta toma burocrática del Fondo Adaptación por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, para ubicar cuotas políticas de distintos partidos, en un contexto marcado por la necesidad de apoyos legislativos para las reformas del Gobierno.

Cabe señalar que, toda esta revelación se da en medio de otra situación que rodea a Angie Rodríguez, ya que, el pasado 17 de diciembre, presentó su renuncia irrevocable como superintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS.

La decisión fue comunicada al presidente Gustavo Petro luego de que denunciara ante la Fiscalía General de la Nación que personas estarían utilizando su nombre para cobrar presuntas coimas a EPS intervenidas.

Su salida se produjo en un ambiente de fuertes tensiones internas dentro del Gobierno, agravadas por los cruces públicos con el director de la UNGRD y por la crisis que hoy sacude al Fondo Adaptación.