Colombia ya definió quién administrará los treinta billones de pesos para la reconstrucción en quince departamentos, pero sigue esquivando el verdadero dilema, que no es la cifra del cheque, sino cómo y a qué vida afectada llegará.. El reto pesa sobre Cali y el Pacífico como focos del mayor desastre, pues de esa respuesta depende que en tres años existan comunidades seguras o solo cemento con olor a pintura nueva.

En la capital del Valle, el mayor riesgo estructural golpeó sectores como Pampalinda, Capri o Cámbulos. Más que cazar culpables, vale la pena decidir qué hacer con el suelo donde muchas familias perdieron su tranquilidad. Hoy la ley disuelve las copropiedades si el daño supera el 75 por ciento de su valor, forzando a los damnificados a votar bajo una presión financiera y emocional enorme. El resultado salva el techo individual, pero olvida rediseñar el entorno de la ciudad entera.

Este mecanismo salva cada edificio por su cuenta, no la cuadra completa. Si tres predios destruidos en la misma calle se reconstruyen por separado, la ciudad recupera el mismo trazado estrecho de antes. Si esos tres predios se juntan, se puede repartir el espacio distinto, calles más anchas, un parque, mejor ingeniería sismorresistente, y cada dueño sigue siendo dueño de su parte en lo nuevo. Esa opción ya existe, se llama reajuste de tierras.

Integrar este instrumento de forma obligatoria en el Plan de Ordenamiento Territorial, que entra al Concejo en octubre y se vota en diciembre, es la oportunidad real. Después de esa fecha, la norma queda escrita para los próximos trece años.

Un impacto similar golpea el sustento de la ciudad. El censo del Valle registra unas 700 unidades afectadas con pérdidas por 16.900 millones de pesos, sobre todo pequeños negocios ubicados en los edificios colapsados. Este cálculo apenas muestra la mitad del reto real porque los registros oficiales solo ven empresas organizadas, dejando por fuera a talleres caseros o vendedores ambulantes. La crisis invita a identificar ese motor invisible, no para dejarlo desprotegido, sino para integrarlo con éxito a la economía formal en vez de planificar a ciegas.

Cali registra unos 549.000 trabajadores informales, casi la mitad de su fuerza laboral. La literatura económica enseña que el éxito de la reconstrucción depende de a quién contratan las empresas ganadoras. Un peso local se multiplica al pasar por el tendero y sus proveedores, generando 1,5 veces su valor. Exigir por ley que el 15 por ciento de la obra use mano de obra regional inyectará 750.000 millones adicionales a la economía interna. La herramienta existe, solo falta audacia para aplicarla.

El Fondo Milagro canalizará buena parte de esta reconstrucción, y el gobierno ya convocó a empresarios de la construcción, banca y aseguradoras, el triángulo tradicional que levanta la vivienda formal en el país, decisión lógica por la escala que un proceso de tal magnitud requiere. Lo que todavía no aparece en esa misma mesa es el lugar para el micronegocio y el taller informal que los censos oficiales apenas logran registrar.

Llevo años insistiendo en que la inversión pública no se mide por lo que cuesta, sino por la transformación real del territorio. El ejercicio matemático anterior es apenas una muestra simple de esa visión. La gran asignatura pendiente para constructores, banqueros y aseguradores es entender cómo integrar la economía invisible en vez de asumir que levantar paredes equivale a reconstruir una sociedad.

La disponibilidad de recursos, un marco legal adecuado y una norma nueva en trámite casi nunca coinciden en el tiempo, pero Cali cuenta hoy con las tres variables a su favor. Una gestión inteligente de esta combinación excepcional puede dejar una urbe más habitable y eficiente que la anterior. Por una vez, la posibilidad es real, no aspiracional.

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Claridades: Más allá de las ganancias del suelo, nunca es tarde para reafirmar que el diseño urbano y los proyectos de alto impacto solo funcionan si transforman vidas y traen bienestar real a las comunidades.