Una nueva preocupación de los empresarios colombianos empezará a hacerse efectiva esta semana cuando tengan que empezar a cumplir, desde este 1 de abril, con el pago del impuesto al patrimonio, que grava a las empresas con más de 10.474 millones de pesos de capital.
Gremios y expertos vienen advirtiendo con insistencia sobre las graves consecuencias de este gravamen que fue incluido por el Gobierno dentro de la emergencia económica aprobada en enero como un instrumento para recaudar recursos para atender los estragos de la ola invernal sufrida por el país.
En este marco fue expedido el Decreto 0173 de 2026, mediante el cual se creó el impuesto, que tiene un carácter temporal y que se aplica a las personas jurídicas cuyo patrimonio sea igual o superior a 200.000 UVT, es decir, $10.474.800.000.
Por un lado, se aplicará una tarifa de 0,50% a las personas jurídicas en general, mientras que a instituciones financieras y entidades aseguradoras se aplicará una tarifa de 1,6%. La primera mitad del gravamen deberá ser pagada este primero 1 abril, mientras que la segunda mitad deberá ser pagada el 4 de mayo.
Según las cuentas del Gobierno nacional, cerca de 15.000 empresas se verían afectadas por este impuesto, logrando una tributación cercana a los $8 billones, cifras que, según los gremios empresariales, reflejan los problemas de liquidez que generará la medida del Gobierno.
Un impuesto inasumible
El impuesto despertó gran preocupación en el sector empresarial, muchos gremios alertaron que la medida significaba una presión adicional para un sector productivo que aún busca la senda de reactivación.
El Consejo Gremial calificó esta medida como una carga ‘inasumible’ para el sector productivo, más aún cuando el plazo para su pago no permite a las empresas prepararse adecuadamente.
“En la práctica, muchas empresas no tendrán la liquidez necesaria para cumplir, lo que puede afectar su operación, llevar a cierres y quiebras y poner en riesgo cientos de miles de empleos”, alertó el Consejo Gremial a través de un comunicado.
Además, la organización gremial alertó que este impuesto surge como una medida para suplir el hueco fiscal de tiempo atrás, lo que pone en duda el verdadero objetivo con el que el Gobierno decretó la emergencia económica.
Más allá de las instancias legales, la principal preocupación del empresariado recae en los plazos cortos en que se aplicará el impuesto, impidiendo que las empresas tengan posibilidad de prepararse y aumentando el riesgo de quiebra.
Para el Consejo Gremial, este impuesto impactará directamente en el empleo, las cadenas productivas y el dinamismo de la economía. No obstante, esa no es la única preocupación de los expertos.
El centro de pensamiento económico, ANIF, alertó que implementar esta medida en un contexto de competencia global por capital, puede afectar la percepción de Colombia como destino de inversión, más aún cuando este tipo de impuesto es poco común a nivel internacional.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, se unió a las preocupaciones de los demás gremios empresariales asegurando que sus implicaciones en las economía serán significativas, especialmente la inversión, el cual ha sido uno de los grandes nubarrones de los últimos años.
“Estos impuestos son altamente inconveniente y técnicamente muy dudosos dado que se calculan sobre la diferencia entre los activos y los pasivos de la compañía, es decir, si uno compañía ahorro en Colombia y decidió invertir en Colombia, tiene que pagar un impuesto, es una impuesto a la inversión sin duda alguna, es un impuesto al crecimiento del aparato productivo Colombiano”, indicó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.
El líder gremial reiteró que esta medida se traduce en una pérdida de competitividad tributaria del país, aspecto que ya se ha visto afectado durante los últimos años con la caída de la inversión.
“Hay que decir que las empresas no son ni ricas ni pobres, son simplemente vehículos económicos para desarrollar la actividad de un país. Este impuesto en varias partes del mundo ha sido declarado altamente inconveniente para los intereses de cada uno de ellos, hoy con la excusa de una emergencia invernal (ya que no hay ninguna explicación de causalidad entre los recursos para atender la misma y los recursos que eventualmente se recaudarían)”, concluyó el presidente de la ANDI.
Pese a las advertencias, el impuesto está prácticamente a horas de convertirse en realidad. Solo con el tiempo se sabrá si los vaticinios negativos de gremios y expertos se cumplieron.