Mujeres en la política colombiana: evolución, cifras y desafíos en la búsqueda de paridad

Por Andrea Moreno, periodista de El País

Treinta y cinco años después de promulgada la Constitución de 1991, Colombia ha ampliado la participación política de las mujeres.

Las cifras muestran avances innegables: más congresistas, mayor visibilidad en campañas y la llegada de mujeres a cargos que por décadas fueron exclusivos de hombres. Sin embargo, la paridad, entendida como una representación equilibrada del 50 %, sigue siendo una meta por alcanzar para el país.

Hoy, las mujeres ocupan el 29,15 % del Congreso de la República. De los 295 legisladores posesionados para el periodo 2022-2026, 86 eran mujeres y 209 hombres, según cifras oficiales del Capitolio y de un informe realizado por Sisma Mujer. Aunque el dato representa un aumento del 9,44 % frente al periodo 2018-2022, cuando la representación fue del 19,71 %, aún no hay paridad.

El aumento en la representación femenina no ha sido casual y en gran medida se debe a la Ley de Cuotas, que exige un mínimo del 30 % de participación de ellas en las listas para corporaciones públicas. A esto se suman las listas cerradas con alternancia, conocidas como “cremallera”, y la presión de movimientos de mujeres que han convertido la participación en una bandera central.

Para el Observatorio de la Equidad de las Mujeres, OEM, este avance ha sido clave para posicionar en la agenda pública temas como la economía del cuidado, la prevención de violencias basadas en género y la ampliación de políticas públicas con enfoque diferencial.

Sin embargo, como señala la feminista Sonia Cardona, las cuotas son una condición necesaria, pero no suficiente.

Para ella, el problema radica en la distancia entre la norma y la práctica: “Actualmente, las mujeres ocupan apenas el 28,8% de las curules en el Congreso. Esta cifra evidencia la distancia persistente entre igualdad formal e igualdad real. Colombia ha avanzado en instrumentos normativos de acción afirmativa, como las cuotas de género en las listas, pero la evidencia comparada demuestra que estas son una condición necesaria, no suficiente”.

La especialista advierte que la efectividad de las cuotas depende de variables institucionales concretas como “la ubicación en posiciones realmente elegibles y no de relleno formal, la posibilidad de encabezar listas y el acceso sustantivo a financiación y recursos de campaña”.

Además, Cardona cuestiona la manera en que opera el discurso meritocrático en la política. “Los estudios sobre sesgos de género en la competencia electoral muestran que a las mujeres se les exige una ‘prueba de excelencia’ más rigurosa para ser consideradas viables, mientras que a los hombres se les presume idoneidad”.

Y agrega: “El ideal meritocrático termina funcionando como un filtro desproporcionado que oculta el peso de los privilegios estructurales en el acceso al poder”.

Desde la perspectiva de Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, el país ha avanzado en aspectos formales, pero no lo suficiente en lo estructural. “Se ha avanzado en algunas cosas formales y en algunas prácticas informales, pero también hay mucho por hacer. Las leyes de cuotas, la inclusión, las garantías para que las mujeres participen, la confección de listas cremallera, han buscado garantizar el acceso paritario a instancias de decisión”.

Sin embargo, advierte que esos mecanismos son insuficientes si no van acompañados de transformaciones culturales profundas.

“Aunque la cultura política ha evolucionado y hay un reconocimiento de que las mujeres están en plena capacidad de ocupar roles de cualquier naturaleza, este sigue siendo un país donde persisten prácticas machistas y profundamente racistas”, sostiene.

Desde el OEM insisten en que las cifras no son un simple ejercicio estadístico, sino una forma de revelar quién tiene poder y quién sigue excluido.

“Contar no es solo un ejercicio numérico; es una forma de revelar quién está tomando decisiones y quién sigue por fuera”, plantea la entidad.

La clave, sostiene el Observatorio, está en convertir la presencia en representación efectiva. Es decir, no basta con que haya más candidatas o más mujeres en las listas; es necesario que resulten elegidas y que ocupen posiciones con capacidad real de incidencia: “La democracia no mejora automáticamente por tener más mujeres en política, pero difícilmente puede mejorar sin ellas”.

Como lo ha asegurado el OEM, la representación femenina crece en número, pero el acceso a los espacios de mayor poder interno continúa siendo limitado. Por ejemplo, pocas mujeres han presidido el Senado. Una de las más recordadas es Dilian Francisca Toro, quien ocupó esa dignidad en el periodo 2005-2006.

Desde entonces, la presencia femenina en esa presidencia ha sido excepcional y no constante.

En el Ejecutivo, Colombia ha tenido dos vicepresidentas: Marta Lucía Ramírez y Francia Márquez. Pero ninguna mujer ha llegado a la Presidencia de la República.

Para Garzón, el caso de Márquez es emblemático: “El hecho de tener una mujer vicepresidenta que trabajó en el servicio doméstico, que viene de una región históricamente excluida y que no proviene de ninguna élite, marcó un hito importante en un país un poco más inclusivo”.

No obstante, agrega que la baja cantidad de mujeres con opciones reales en contiendas presidenciales demuestra que las brechas persisten.

Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, sitúa el análisis en un proceso más amplio: “Desde la Constitución del 91 ha habido un proceso claro de democratización, es decir, la apertura de mayores canales que garanticen la participación política no solo de las mujeres, sino de minorías étnicas, sexuales y jóvenes”.

Pero subraya que la paridad aún no se ha logrado y que incluso gobiernos que prometieron aplicarla no han alcanzado ese objetivo.

“El sistema político todavía le pone muchas cortapisas para que la mujer tenga un desarrollo pleno en términos políticos y partidistas”, explica.

Charry también señala que las brechas no son únicamente políticas. Las desigualdades socioeconómicas influyen directamente en la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, ya que las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo, brechas salariales y cargas desproporcionadas de trabajo doméstico y de cuidado.

A esto se suma la interseccionalidad: “Si además de ser mujer es negra, lesbiana o pobre, las probabilidades de enfrentar barreras se aumentan exponencialmente”, advierte.

Un camino histórico, lento y desigual

El rezago colombiano en materia de paridad no es reciente. Según el Foro Económico Mundial, al ritmo actual se necesitarían 134 años para alcanzar la paridad de género en la política a nivel global. La cifra dimensiona que el problema no es coyuntural, sino estructural.

Para la politóloga Tatiana Niño, el caso colombiano refleja esa lentitud histórica. “En el país el camino ha sido arduo. La materialización de la participación política de las mujeres solo se dio hasta 1954”, explica, en referencia al año en que se aprobó el sufragio femenino.

Colombia fue uno de los últimos países en América Latina en reconocer este derecho, junto con Perú y México.

Y la llegada a los cargos de mayor poder ha sido lenta. “Solo hasta 1999 hubo una mujer como presidenta del Congreso, hasta 2015 fue electa la primera mujer alcaldesa en la capital y hasta hace menos de ocho años, por primera vez, llegó una mujer a la Vicepresidencia. Nunca hemos tenido una mujer como jefa de Estado”, subraya.

La comparación internacional tampoco es favorable. Según la medición de la Unión Interparlamentaria de 2025, Colombia se ubica en la posición 75 entre 186 países en participación política de mujeres. La politóloga insiste en que el país ha avanzado desde 1954, pero que el trayecto hacia la paridad real sigue siendo largo: “Persisten retos estructurales y un largo camino para lograr la paridad política”.

En América Latina, varios países han dado pasos más decididos. Según Niño, nueve han avanzado en regulación paritaria: Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Argentina y Perú. Estas naciones han adoptado reformas que establecen la paridad del 50% en listas u órganos colegiados, acompañadas de mecanismos de alternancia obligatoria. Colombia mantiene una cuota mínima, lo que evidencia un rezago normativo frente a estándares región.

El espejo territorial

En el ámbito local, la brecha se amplía. En la capital del Valle del Cauca, por ejemplo, solo seis concejalas integran el Cabildo Municipal. Investigaciones académicas señalan que, en promedio, estas corporaciones cuentan con apenas un 18 % de mujeres.

Para la feminista Sonia Cardona, “no se trata de una anomalía aislada, sino de un patrón sistemático”.

En ese sentido, la subrepresentación en los territorios evidencia que la desigualdad política no es un fenómeno exclusivo del Congreso ni de los grandes debates nacionales.

Este panorama confirma que la paridad no puede entenderse como una meta electoral, sino como una condición estructural de la democracia. Si ellas constituyen el 52 % de la población y no alcanzan una representación proporcional en los cuerpos colegiados, el sistema político opera con un desequilibrio.

En definitiva, la paridad no se limita a una aspiración normativa; su cumplimiento continúa siendo uno de los principales desafíos para el sistema político colombiano.