Las seis razones que dio Germán Ávila, ministro de Hacienda, para declarar la emergencia económica

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio seis razones básicas por las que sí habría hechos sobrevinientes que llevaron al Gobierno Nacional a decretar la emergencia económica en el país.

En un debate de control político, en sesión extraordinaria en el Congreso, el funcionario recordó que el presupuesto del 2026 necesitaba de una fuente adicional de financiación para equilibrar los ingresos y los gastos, por lo que se presentó al Congreso la reforma tributaria.

Según el funcionario, el Congreso era consciente de que el presupuesto que avaló necesitaba esos ingresos adicionales. “Ese mismo Congreso, por mayoría, niega la ley y crea una situación sobreviniente, dado que también veníamos de acumular una situación compleja de crecimiento de los gastos a ritmo superiores a los ingresos, en el marco del presupuesto”.

Aseguró que en el prespuesto del 2026, la inflexibilidad del gasto llega al 93,7 %. Por ejemplo, el servicio de la deuda representa el 18,4 % de los gastos; las pensiones representan el 15,2% del presupuesto y los gastos de personal el 11,3 %.

Además, argumentó que hay gastos en vigencias futuras, fondos y contribuciones parafiscales y otras inflexibilidades que suman $512 billones, de los $546 billones aprobados por el Congreso. “Solo es discrecional el gasto de $34,5 billones”.

Aclaró que los $16 billones de la ley de financiamiento representan el 47 % del presupuesto flexible, lo que significa que aprobar ese proyecto deja al Estado sin margen de maniobra.

Las principales razones

“La no aprobación de las leyes de financiamiento agudizan la crisis fiscal, tenemos un recorte de $12 billones en 2025 y otros $16 billones en el 2026 y a esto se suma el esfuerzo de contracción del gasto en vigencia de 2025 por $4 billones”, agregó Ávila.

Los otros hechos sobrevinientes, que llevaron al decreto de emergencia, según el Minhacienda son los siguientes:

- La decisión de la Corte Constitucional, en diciembre de 2025, que exige actualizar la UPC para el sector de salud, lo que implica un costo de $3,3 billones.

- Las circunstancias excepcionales en seguridad, “estamos frente a unos comicios que requieren atención y protección extendida de los candidatos”.

- La emergencia climática.

- La emergencia en servicios públicos para garantizar suministrar el servicio de energía para 5 millones de habitanes, 1,8 hogares en la Costa, lo que requiere, según el Gobierno a $5,1 billones.

Y las sentencias judiciales que está exigiendo del Gobierno unos $1,6 billones.

En el debate en el Congreso, la senadora Angélica Lozano sostuvo que la emergencia se fundamenta en falsedades fácticas, errores de diagnóstico y decisiones administrativas deliberadas que no cumplen los requisitos constitucionales para activar un estado de excepción.

Aseguró que recursos existen y que la crisis es de gestión, no de dinero.

Frente a la deuda de subsidios en energía y gas, estimada en $5,1 billones, la senadora fue enfática en que no se trata de una crisis fiscal inesperada, sino de una decisión deliberada de no pago por parte del Gobierno, pese a advertencias formales de gremios y de la Contraloría General desde septiembre de 2024.

“Convertir obligaciones legales en deuda morosa por no apropiarlas en el presupuesto no es una emergencia económica; es una falla de gestión”, señaló.

El ministro de Hacienda también detalló los impuestos que crea el decreto de emergencia económica y con los cuales se buscan $11 billones.