Escrutinio en Chocó terminó sin acuerdo: tres mesas y supuestas amenazas frenan la elección

El Consejo Nacional Electoral confirmó que el escrutinio departamental ya concluyó en casi todo el país. Solo restan por adjudicar curules en Cundinamarca y Chocó. En el primero, se revisan más de 700 reclamaciones; en el segundo, la controversia obligó a trasladar el proceso a Bogotá y dejar en manos de la sala plena del CNE la decisión final.

La audiencia definitiva de la comisión departamental de Chocó se realizó el domingo 22 de marzo. Allí quedó consignado en acta que, tras revisar las 1.280 mesas del departamento, no fue posible adoptar una decisión. La anotación oficial señala que la comisión se abstuvo de declarar la elección por la existencia de resoluciones apeladas y desacuerdos jurídicos. El documento fue firmado por los delegados Wilson Ramiro Angulo y Liza Lorethy Lozano.

Aunque el acta no detalló los motivos del desacuerdo, la grabación de la sesión dejó ver el trasfondo. La delegada Lozano denunció haber sido objeto de presiones y amenazas que, según dijo, trascendieron el ámbito laboral y afectaron a su familia. Señaló que incluso tuvo que salir escoltada de una sesión por temor.

El escrutinio en Chocó estuvo marcado por la estrecha diferencia entre el Partido de la U y la coalición encabezada por el Partido Conservador Colombiano para quedarse con la segunda curul del departamento. La primera fue obtenida con amplia ventaja por el Partido Liberal Colombiano. La distancia entre las otras dos fuerzas era de poco más de mil votos, lo que derivó en una revisión voto a voto y en señalamientos cruzados.

En sesiones previas, el Partido Conservador había pedido a las autoridades electorales revisar inconsistencias entre el preconteo y el escrutinio, y solicitó acompañamiento de veedurías para garantizar transparencia.

El desacuerdo entre los delegados se centró en tres mesas específicas. Según explicó Angulo, esas diferencias jurídicas impidieron un consenso. Lozano aseguró que tenía reparos adicionales sobre otras dos mesas, pero la discusión final se limitó a los tres casos señalados por su colega.

Dos de las mesas cuestionadas corresponden a la mesa 2 del puesto de Dipurdú, en Medio San Juan, y la mesa 1 del puesto Real de Tanando, en Atrato. En ambos casos, los formularios E-14 carecían de la firma de los jurados. La tercera mesa presentaba un problema mayor: el formulario E-14 no apareció durante el escrutinio ni tenía respaldo en los sistemas de la Registraduría.

Para Lozano, estas irregularidades obligaban a excluir esas votaciones, amparada en la norma que exige la firma de al menos dos jurados para validar el acta. Angulo, por el contrario, sostuvo que se trataba de fallas formales que no debían afectar el derecho al voto ni su conteo, por lo que las mesas debían sumarse al resultado.

La exclusión de esas mesas representaría cerca de 600 votos menos, un margen que podría alterar el resultado final de la segunda curul, que provisionalmente estaría en manos del Partido de la U, con la representante Astrid Sánchez Montes de Oca.

La congresista negó cualquier vínculo con las denuncias de presiones hechas por Lozano y cuestionó la idoneidad jurídica de la delegada. También señaló que esta registra una sanción disciplinaria. Se conoció que Lozano tuvo una sanción de dos meses, ejecutada en mayo de 2025.

Con la imposibilidad de lograr un acuerdo en el departamento, el expediente pasó a la sala plena del CNE en Bogotá. El caso quedó asignado al magistrado Álvaro Echeverry, quien deberá proyectar la decisión definitiva sobre la adjudicación de las dos curules de Chocó.