Un final bochornoso

Con el bochornoso final del proyecto de ley que prohibía los beneficios para quienes sean condenados por corrupción, el Congreso de la República y los partidos políticos perdieron otra oportunidad de cumplir los mandatos de los colombianos. Lo ocurrido demuestra una falta de voluntad política para combatir un mal que destruye la credibilidad de nuestra democracia.

Es por lo menos increíble que a pesar de lograr su aprobación en el Senado y en la Cámara de Representantes, la posible ley se haya hundido por supuestas confusiones en el proceso de conciliación, cuando los designados por sus presidentes no pudieron reunirse y el de la Cámara no lo incluyó en el orden del día. Es como sí se pretendiera cubrir la falta de compromiso con una confusión que desnuda el propósito de las mayorías de no tramitarla, como lo habían anunciado algunos legisladores.

También es inexcusable que se haya esperado hasta el último minuto para darle trámite angustioso a lo que pudo ser estudiado, debatido, aprobado y conciliado durante los cuatro meses que duró la legislatura. En todo ese amplio espacio de tiempo fueron ahogadas las voces aisladas que desde dentro del Congreso advertían los malos ratos que atravesaban casi todas las iniciativas que tanto el Gobierno Nacional como la Fiscalía presentaron.

Ahora se sabe que muy pocas de esas propuestas están aún con vida, y que las sobrevivientes sólo aportan medidas que no llegan a constituir una verdadera estrategia contra la corrupción. Así la habían propuesto casi todas las campañas para elegirse tanto a la Presidencia de la República como al Congreso. Hoy parece que quedaron huérfanas esas promesas, que respondían a la indignación creciente de los colombianos contra las conductas que se quedan con billones de pesos del presupuesto nacional y que destruyen la moral que debe existir para manejar el patrimonio público.

Ante la reacción que ha producido el hundimiento del proyecto aparecen ahora propuestas para citar a sesiones extras para lograr la frustrada conciliación y promesas para presentar de nuevo el proyecto en la legislatura que se iniciará el próximo veinte de julio. ¿Por qué no cumplieron en el año que transcurrió con el mandato de la sociedad que considera la corrupción como uno de los peores males de la Nación? ¿Quién asegura que no se repetirá la frustración?

La democracia no consiste sólo en tener derecho a elegir y ser elegido en los cargos de representación popular. Y esa representación no sólo significa tener un fuero o poder legislar sin tener en cuenta la voluntad popular. Por el contrario, lo que le da sentido es la obligación de los elegidos de atender los mandatos de la sociedad para defenderla de las amenazas que la acechan.

De lo contrario, y como se está presentando con el hundimiento de la ley que impide beneficiar a los culpables de delitos de corrupción, lo que se produce es el rechazo de la ciudadanía, su alejamiento de las instituciones y un debilitamiento del Estado de Derecho. Ojalá, el Congreso y la clase política puedan rectificar el error que cometieron al dejar morir la iniciativa.
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