Editorial
¿Qué pasa en el Bonilla Aragón?
El compromiso del Gobierno Nacional fue una toma temporal y agilidad en la adjudicación de la nueva concesión que deberá invertir $1,5 billones para la modernización del aeródromo.
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12 de abr de 2026, 12:58 a. m.
Actualizado el 12 de abr de 2026, 12:58 a. m.
El futuro del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón hoy es más incierto que hace siete meses, cuando el Gobierno Nacional tomó posesión de la administración y operación del terminal aéreo, el tercero más importante del país y con ubicación geoestratégica continental tanto para el transporte de pasajeros como de carga. La que era una medida temporal sigue sin fecha definida de caducidad; también está inmersa en cuestionamientos por las decisiones que se están tomando, que no parecieran responder a los intereses del Valle del Cauca ni de la economía regional.
La preocupación por lo que sucede en el Aeropuerto viene de tiempo atrás y ha quedado expresada en varios comunicados de la Mesa de Seguimiento Técnico y Administrativo, conformada por organizaciones gremiales y empresariales del Departamento, así como por las autoridades locales, de la comarca y por quienes son los usuarios del aeropuerto. Voces que parecen no ser escuchadas por el Ministerio de Transporte ni por la Aerocivil, entidades que no hacen claridad sobre las soluciones a los problemas que se estarían presentando en el terminal aéreo como tampoco confirman cuándo estará lista la licitación que entregará la nueva concesión del Bonilla Aragón.
El Informe Exclusivo de la Unidad Investigativa de El País, presenta en la edición de este fin de semana detalles de lo que serían actuaciones de la Aerocivil desproporcionadas, y que podrían estar por fuera del marco legal, en contra de arrendatarios de espacios comerciales como parqueaderos y salas VIP para viajeros o de la empresa que tenía la concesión de la publicidad externa e interna. Más grave aún es que esos negocios se estarían entregando a nuevos operadores a dedo, a empresas ajenas al Valle del Cauca mientras crece el rumor de que estarían primando intereses políticos en la concesión.
A ello se suman las quejas frecuentes de los usuarios por el estado de los servicios que debe ofrecer el terminal aéreo –como el de los baños- o por averías que se estarían presentando en las pistas de aterrizaje, la posible obsolescencia de sistemas como la red contra incendios o los equipos de climatización, mientras se presentan quejas sobre el Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (Instrument Landing System).
Son hechos que deben ser investigados por las autoridades y sobre los cuales es urgente que se haga claridad desde las entidades involucradas. Los vallecaucanos merecen saber cómo se está administrando el aeropuerto que sirve a la región.
También es imperativo que se le diga al Departamento en qué estado se encuentra la adjudicación de la nueva Asociación Público-Privada (APP) denominada ‘Aeropuertos del Suroccidente’. Se debe recordar que cuando la Aerocivil recibió el manejo del Bonilla Aragón el 1 de septiembre de 2025, desde la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se anunció que sería una transición temporal, sin embargo a cuatro meses de concluir el gobierno de Gustavo Petro, no se tiene conocimiento de cómo avanza, si es que lo hace, el proceso de licitación para este fin.
La importancia del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, por donde se movilizaron, en 2025, 6.905.000 viajeros y que sirve a los casi cinco millones de vallecaucanos, obliga a que desde la Aerocivil y el Ministerio de Transporte se explique al detalle y con absoluta transparencia cuál es la situación real del terminal aéreo. El compromiso del Gobierno Nacional fue una toma temporal y agilidad en la adjudicación de la nueva concesión que deberá invertir $1,5 billones para la modernización del aeródromo. Que se le cumpla al Valle, y pronto, es una obligación.
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