La urgente integración del transporte en Cali

La discusión sobre la integración entre el Transporte Público Colectivo (TPC) y el MÍO ha llegado a un punto en el que las diferencias ya no pueden seguir aplazando las decisiones. Cali necesita un sistema de transporte más fuerte, más eficiente y capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. Para lograrlo, es indispensable que la Alcaldía, Metrocali y los transportadores tradicionales encuentren cuanto antes un camino común.

Las cifras conocidas esta semana son suficientemente contundentes para entender la dimensión del reto. Según lo expuesto en las mesas de trabajo, si no se logra una implementación rápida de la integración, para 2027 podrían quedar operando apenas unas 60 busetas de las 328 que hoy prestan servicio en la ciudad. Ese escenario no solo pondría en riesgo a cientos de pequeños propietarios; también podría generar nuevos vacíos en la prestación del servicio.

La realidad demuestra que el principal enemigo del transporte formal no está sentado en las mesas de negociación. El verdadero adversario es la piratería. Mientras el MÍO moviliza cerca de 300.000 pasajeros diarios y el TPC alrededor de 100.000, el transporte informal estaría moviendo unos 500.000 usuarios cada día. Es decir, más personas utilizan sistemas ilegales que los dos esquemas formales juntos.

Esa sola cifra debería ser suficiente para cambiar el enfoque de la discusión. La pregunta ya no es quién pierde más o quién gana menos dentro del proceso de integración. La pregunta correcta es cómo recuperar para la legalidad a cientos de miles de ciudadanos que hoy encuentran en la informalidad una alternativa más rápida, más cercana o más conveniente para desplazarse.

Es comprensible que los propietarios del TPC tengan preocupaciones. La reducción de rutas, la eventual disminución de buses en circulación, las condiciones técnicas para la renovación de la flota y la sostenibilidad financiera de sus operaciones son inquietudes legítimas. Nadie puede pedirles que firmen acuerdos sin conocer con claridad cómo funcionará el nuevo esquema y cuáles serán las garantías para quienes han mantenido este servicio durante décadas.

Pero también es cierto que la ciudad no puede seguir atrapada en discusiones interminables. El tiempo juega en contra de todos. Cada mes que pasa sin acuerdos fortalece a la informalidad, deteriora más la flota existente y retrasa la posibilidad de construir una red integrada capaz de llegar a sectores donde hoy persisten dificultades de cobertura.

Las pruebas piloto que ya se desarrollan en algunas rutas demuestran que la integración puede producir beneficios concretos. Mejorar frecuencias, optimizar recursos y complementar la operación son resultados que indican que existe un camino viable. Lo importante ahora es acelerar las conversaciones para convertir esos pilotos.

La Alcaldía también tiene responsabilidades en este proceso. Debe ofrecer información clara, certezas técnicas y garantías sobre la reorganización de las rutas.

Los transportadores necesitan conocer con precisión cómo será el modelo final y cuáles serán los beneficios y compromisos que asumirán. La confianza entre las partes aquí es vital.

Al mismo tiempo, los empresarios y propietarios del TPC deben entender que el contexto actual es muy distinto al de hace dos décadas. La competencia entre dos sistemas formales por los mismos usuarios no tiene futuro. La complementariedad, en cambio, puede convertirse en la oportunidad para fortalecer el transporte público y recuperar pasajeros que hoy están por fuera de la legalidad.

Cali no necesita más diagnósticos sobre la crisis de movilidad. Necesita decisiones. La integración entre el MÍO y el transporte público colectivo debe dejar de verse como una concesión de una parte a la otra y entenderse como una apuesta de ciudad. Si las diferencias se mantienen, la principal beneficiada seguirá siendo la piratería.