Plan pistola y paz total

Las imágenes de los oficios que acompañan los cadáveres de los servidores públicos asesinados por cumplir con su deber, son la muestra de hasta dónde llega la crueldad y la insania de quienes ordenan su asesinato a través del infame ‘plan pistola’. Y reclama la solidaridad de la sociedad colombiana con los policías y los soldados que ponen en riesgo su vida, tanto como con las instituciones a las cuales pertenecen.

Ordenar el asesinato de alguien es uno de los peores actos de crueldad de cualquier persona. Y es peor cuando se le pone precio a la vida de un ser humano y se paga su ejecución, por el sólo hecho de pertenecer a la Fuerza Pública y se comete estando o no en servicio. Lejos de cualquier consideración, ese acto vil y traicionero es la violación de los derechos humanos de sus víctimas, además del desconocimiento el Derecho Internacional Humanitario si se quiere reclamar cualquier consideración política y reclamar del Estado cualquier consideración.

Eso es lo que está sucediendo en Colombia, reviviendo las épocas en las que los jefes del narcotráfico ofrecían ‘recompensas’ por cada policía asesinado, o aquellas en las que los jefes de las Farc aplicaban el mismo método para tratar de detener la persecución de las autoridades a sus crímenes. Recurso despreciable y rastrero, que debe ser condenado por todos los ciudadanos que pertenecen a una sociedad civilizada que en nuestro caso mantiene la palabra paz a flor de boca.

También es el momento de solidarizarse con las víctimas y las instituciones a las cuales pertenecen, en la medida que actúan para defender la vida, honra y bienes de los colombianos. Esas decenas de servidores públicos asesinados por los criminales comunes que reclaman tratamientos especiales, aprovechando claro está los ofrecimientos de quienes ya empiezan a ejercer el poder en nuestro país, demandan una respuesta adecuada a la infamia que cometieron contra su integridad y por el sólo hecho de pertenecer a la Fuerza Pública.

Colombia no puede aceptar que la “paz total”, de la cual se habla cada vez con mayor insistencia en las altas esferas del nuevo gobierno, se convierta en sombrilla que cubre a quienes están cometiendo esos crímenes, verdaderos delitos de lesa humanidad. Como tampoco puede hacerlo con el intento por convertir a sus autores materiales e intelectuales en personajes que tienen representatividad política que les proporciona impunidad e inmunidad ante la justicia.

Es entendible que quienes triunfaron en las elecciones lleguen a sus cargos a imponer los cambios y propuestas que ofrecieron en sus campañas. Pero debe reconocerse que hay valores que no admiten transacciones, como el respeto a la vida y, en este caso, la de los policías y soldados que arriesgan su integridad para combatir la delincuencia que amenaza a la sociedad.

Esos valores son la clave para poder hablar de una democracia en la cual la vida y la libertad están por encima de las intenciones de cualquier gobierno, así sea buscar acuerdos para tratar de detener el accionar de los violentos que promueven y ejecutan el tenebroso ‘plan pistola’.