No a la ilegalidad

El transporte ‘pirata’ representa un conflicto en las calles de Cali y por ello las autoridades deben actuar contra las irregularidades que genera y los riesgos a los que expone a sus usuarios. Aunque su origen está en una demanda insatisfecha y en las dificultades para que el sistema de transporte público cubra las necesidades de la comunidad, nada justifica que la ilegalidad se imponga o que se realicen taponamientos como los que se anuncian para hoy.

Quienes han invadido las calles de la capital vallecaucana con vehículos que no tienen licencia para llevar pasajeros ni pagan los tributos de ley, son infractores que deben recibir las sanciones del caso. Por ello es absurdo que ahora creen asociaciones para mantener sus negocios alegando el derecho al trabajo.

Las protestas del pasado martes, donde esos transportadores se unieron para enfrentarse a la Policía y a los guardas de Tránsito que cumplían con su deber, así como para agredir a quienes usan el transporte público legal, son inaceptables. ¿Cómo es posible que acudan a ese argumento para desconocer los derechos de los taxistas y transportadores que sí cumplen las normas?


Es imposible que en un Estado de Derecho se creen sindicatos para desconocer las leyes que cubren a todos los ciudadanos. La ilegalidad transita por las calles, llenas de vehículos que no tienen permiso para transportar pasajeros, y el primer impacto de ello lo recibe el MÍO. Es la competencia ilegal alimentada por quienes prefieren la informalidad, así sea poniendo en riesgo su integridad.

La razón del transporte pirata puede estar en las deficiencias del Sistema Masivo para atender la demanda, llegar a los sitios que necesitan los caleños y evitar las demoras en el servicio. Pero eso no se resuelve con la ilegalidad sino con decisiones para cubrir hasta donde sea necesario las exigencias de los usuarios. Y mucho menos con bloqueos y asonadas que deben ser contestadas por las autoridades.

Cali no podrá ser más organizada si se irrespetan las normas creadas para la convivencia en la ciudad. La situación creada por el transporte pirata es tan grave que ya se enfrentan a la Policía reclamando derechos, exigiendo que se suspendan las batidas y rechazando las acciones para controlarlos. Unas vías de hecho a las que al parecer piensan recurrir hasta los llamados moto ratones para exigir unos derechos que nadie les ha otorgado.

El llamado a la coherencia es también para la sociedad. Está bien que exija a las autoridades acciones para fortalecer el MÍO y el transporte público, pero no puede ser aceptable que los caleños toleren el transporte pirata y lo utilicen, porque eso es patrocinar la ilegalidad, además de exponer su integridad.

La autoridad debe tener la sensibilidad para saber cómo manejar el transporte en Cali, para resolver los problemas del Sistema Masivo y cómo integrar a las distintas formas de movilización que se han venido desarrollando. Pero las buenas intenciones de ofrecer soluciones no puede llevar a que se acepte a quienes están en la ilegalidad.

Por ello hay que respaldar las medidas que se están tomando contra esa piratería, y rechazar las protestas que pretenden imponer las vías de hecho y que convierten las calles de la ciudad en espacio propicio para desconocer el ordenamiento jurídico.